Los falsos mitos de Mas

BARCELONA- Se conoce que una mentira repetida mil veces se convierte, muy a menudo, en una realidad. El expolio fiscal de Cataluña es una denuncia repetida más de mil veces por parte de los nacionalistas, pero la FAES está completamente convencida de que no es ninguna realidad. Así lo sostiene en un estudio en el que cinco académicos han analizado los conceptos de solidaridad, déficit fiscal, expolio fiscal y balanzas fiscales entre Cataluña y el resto de España.

 Todos estos conceptos fundamentan el agravio catalán que históricamente han denunciado CiU y otras formaciones nacionalistas, pero a la vista de estos académicos hay muchos mitos. «Cuando repasamos el debate político de los últimos años en torno a la redistribución de la renta, lo primero que salta a la vista es una constante voluntad de falsificación por parte de algunos», sostuvo el diputado del PP Gabriel Elorriaga, uno de los autores de la obra «El mito fiscal». Elorriaga aprovechó la presentación de este informe en el Círculo Ecuestre de Barcelona para arremeter contra «la izquierda española» por poner en cuestión el concepto de solidaridad.

Todos los académicos coinciden en discutir los métodos de cálculo de los nacionalistas catalanes e incluso alguno de ellos fue más allá descargando su sarcasmo sobre el proyecto de secesión. «A CiU sólo le falta prometer que el día después de la independencia cada uno de los catalanes recibirá en su casa un cheque con 2.200 euros, que es su cálculo sobre el déficit fiscal anual por persona», afirmó el profesor Ángel de la Fuente.

El papel de CiU es el que mereció más críticas por parte de los protagonistas del acto de ayer, puesto que, históricamente, los convergentes se habían implicado no sólo en la redacción de la Constitución, sino también en los modelos de financiación.

Cataluña es deficitaria en sus cuentas con el Estado
Los cálculos que la Generalidad de Cataluña realiza sobre la balanza fiscal entre la comunidad autónoma y el Estado parten de unos métodos aplicados en otros casos (flujo monetario y flujo beneficio), a los que, por razones de estricta conveniencia, decide aplicar su particular sistema de medición. Para estimar los ingresos aportados por Cataluña a la Administración General del Estado decide no tener en cuenta los ingresos no financieros del Estado relativos a ingresos patrimoniales, ni a la enajenación de inversiones ni las transferencias corrientes ni de capital exterior, por lo que computa entre el 40% y el 79% del Presupuesto del Estado del periodo 2006-2009.
La diferencia de ingresos atribuibles a Cataluña por un método u otro varía apenas un 1,5% de media para los cuatro años estudiados, y va desde los 52.271 millones de euros de 2006 a los 45.184 en el segundo caso.
El informe de la Generalitat realiza una consideración muy sui generis de los gastos del Estado que revierten en Cataluña. Sólo tiene en cuenta los gastos territorializables. Por ejemplo, el conjunto de gastos que se imputan a servicios centrales (Defensa o Política Exterior) no los tiene en cuenta porque cree que atañen sólo a Madrid. Eso para FAES es irreal.
Con la deuda pública, la contabilización de los intereses es partidista.Con el método flujo monetario sólo asumiría el 9,79% y con el método de flujo beneficio utiliza una media, el 11,9%, que tampoco se corresponde con la realizada para otros cálculos, en los que Cataluña es entre el 16% y el 19% de España. En el mejor de los supuestos del primer método, Cataluña hubiera tenido déficits de entre 792 millones en 2009 y 21.162 en 2007. Si se toma en cuenta el método flujo beneficio, sólo en 2009 se hubiera producido un superávit de 4.015 millones. Entre 2006 y 2009 se hubiera contabilizado un déficit de 37.369 millones.
 

Un «pollo del montón», como Nueva York, Nueva Jersey o Connecticut
Los nacionalistas han conseguido con razonable éxito extender en Cataluña la teoría del inédito maltrato fiscal que sufre la comunidad a manos del Estado. Después de repetir insistentemente la idea, muchos la han dado por buena, pero la pregunta es si es verdaderamente rigurosa. Según FAES, no lo es en absoluto. «Controlando por renta per cápita y por el tamaño del sector público, el déficit fiscal catalán no parece ser especialmente elevado. Todo apunta a que, en el caso de las regiones relativamente ricas de los países avanzados, Cataluña seguramente está más cerca de la regla que de la excepción. Su déficit fiscal no es, por tanto, un cisne negro, sino un bicho mucho más fácil de encontrar: un vulgar «pollo del montón», concluye el documento «El mito fiscal». El profesor Ángel de la Fuente subraya que, si se excluye el régimen foral, el sistema de financiación autonómico en España es «bastante más igualitario que el de Estados Unidos o incluso el de Canadá, pero no muy distinto en términos de sus resultados del australiano o del alemán o de la situación existente en estados centralizados como Francia». Para demostrar su conclusión, De la Fuente compara el caso de Cataluña con el de algunos estados norteamericanos (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) y sentencia: «Con la corrección por tamaño, el déficit de Nueva York se acercaría mucho al catalán, aunque sin superarlo, mientras que los de Nueva Jersey y Connecticut se situarían holgadamente por encima del mismo».
 

Un Pacto Fiscal inviable
El papel de las balanzas fiscales como instrumento político, los agravios comparativos para pedir determinadas exigencias territoriales y el rechazo al argumento de que el sistema impositivo discrimina a los catalanes son algunas de las ideas que se desarrollan en el capítulo 3, «El mito del expolio fiscal», realizado por los catedráticos de Hacienda Pública, Juan José Rubio y Santiago Álvarez. Pero, además, la inviabilidad del Pacto Fiscal, un plan que se desmonta mediante seis argumentos: el primero, porque no existe a nivel internacional un régimen en el que la federación no pueda recaudar impuestos en una parte de su territorio; segundo, aumentaría las desigualdades interregionales en financiación; tercero, las regiones que aportan recursos al sistema de nivelación interterritorial reclamarían un tratamiento financiero similar; cuarto, supondría dar a Cataluña una capacidad incluso superior a la de las comunidades forales; quinto, no resulta eficiente la fragmentación de las agencias tributarias, y sexto, las ventajas de una Agencia Tributaria única y centralizada.