El Govern recurrirá la reforma de la ley de Dependencia ante el TC

BARCELONA– «El nuevo tijeretazo del Gobierno con la reforma de la ley de Dependencia es un remiendo y una tomadura de pelo a los ciudadanos y a las comunidades autónomas». Con estas duras palabras el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, valoró ayer el nuevo decreto, que la Generalitat recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC).

«El Estado centrifuga la responsabilidad hacia las comunidades y les dice: ya os lo haréis, yo invito y pagáis vosotros», criticó Cleries, que recordó que el año pasado la Generalitat ya aportó 906 millones de euros, el 70 por ciento del coste de los servicios y prestaciones de la Ley de la Dependencia en Cataluña, mientras que el Gobierno sólo aportó 258 millones, equivalentes al 20 por ciento. La ley establece que cada Ejecutivo debe aportar el 50 por ciento. Además, el copago de los usuarios y sus familias supuso el 10 por ciento restante, equivalente a 122 millones.

El nuevo decreto, que entrará en vigor a partir del 1 de agosto, también rebaja los mínimos garantizados que el Estado aporta por cada persona dependiente a las comunidades. Esto supondrá a las autonomías que de 258 millones de 2011, se pase a unos 128, lo que significa 130 millones menos, casi un 30 por ciento de ahorro para el Gobierno.

Esperar al Gobierno
Debido a estos recortes, el conseller estimó que un total de 57.083 catalanes que han sido reconocidos como dependientes de grado I, los más leves, no cobrarán su ayuda hasta julio 2015. Según la reforma, los pagos a los dependientes moderados que presenten su solicitud a partir de ahora se aplazarán un mínimo de tres años y, además, se podrán hacer sin retroactividad. «Lo más importante es la atención a las personas», añadió Cleries, que aseguró que «la voluntad del Govern es que los cambios del Estado repercutan lo menos posible en la ciudadanía», por lo que seguirá destinando los mismos recursos que el año pasado al despliegue de la ley de Dependencia.

Por ello, el conseller, que había planeado un aumento del 3 por ciento del copago de los servicios incluidos en la norma a partir de septiembre, esperará ahora a que se publique el decreto del Gobierno para ver como afectará, ya que también aumentarán los copagos, y si tendrá que prever un aumento mayor.

Errores desde el principio
«Esta ley ya nació mal financiada y mal dimensionada de inicio», apostilló el conseller, que culpó al anterior gobierno tripartito de no haberla recurrido al Tribunal Constitucional por invadir las competencias exclusivas en materia de servicios sociales que tiene Cataluña.