Los límites del Constitucional

Bildu presentó ayer el recurso ante el Tribunal Constitucional en el que ha solicitado que revoque la decisión del Tribunal Supremo de anular todas sus candidaturas. La decisión final debe conocerse en un plazo máximo de tres días, como fija la Ley, aunque otras interpretaciones adelantan el plazo a las doce de la noche de hoy, que es cuando arranca oficialmente la campaña electoral. Que ETA se cuele o se quede fuera de las instituciones está en manos de un Tribunal que cuenta en estos momentos con una mayoría de magistrados nombrados por el PSOE. Si sólo nos atenemos a la interpretación lineal de la norma o a la opinión de los expertos, es muy improbable que el Tribunal Constitucional rectifique la sentencia del Supremo. Debe tenerse muy presente que el TC no es un órgano jurisdiccional ni una instancia de casación, función que corresponde al TS. La función del Constitucional está perfectamente delimitada como garante de los preceptos constitucionales. Por tanto, sería una grave anomalía del sistema que actuara de otra forma. Lamentablemente, en los últimos años el TC ha asumido un papel que no le correspondía en determinados procesos, lo que ha provocado una tensión esterilizante entre ambos tribunales. Por eso, que anulara la sentencia del Supremo contra Bildu en aplicación de una ley de partidos que ya ha pasado los filtros constitucionales supondría alterar no sólo equilibrios institucionales, sino también principios esenciales del Estado de Derecho, como la seguridad jurídica o el engranaje competencial de los tribunales superiores. Mientras la posición del Supremo no choque con la Carta Magna no puede ser constitucionalmente impugnada, y esa premisa no se da en este caso. O lo que es igual, que se pretenda defender que la interpretación del Tribunal Supremo sea discutible no conlleva que sea constitucionalmente objetable, que es el campo sobre el que debe desenvolverse el TC. Si el fallo se atiene sólo a criterios jurídicos, Bildu no estará en las elecciones municipales y forales del 22 de mayo. Las pruebas aportadas por las Fuerzas de Seguridad sobre su dependencia de ETA, con documentos de la banda y conversaciones intervenidas, son contundentes, y así lo reconoció una mayoría de magistrados en el Supremo. Otra decisión sería muy grave para la democracia. Que existiera la sospecha de que el Constitucional actuara por motivaciones políticas supondría otro mazazo a su credibilidad, y con ella la del propio edificio judicial. No prejuzgamos nada ni damos por sentado que la composición del tribunal favorable al Gobierno determine el fallo. Pero tampoco podemos ignorar que en torno a esta decisión se han tejido presiones políticas, intereses de partido y propósitos ocultos. Lo cual, sumado a la ambigüedad de los dirigentes socialistas sobre la sentencia del Supremo y a la naturaleza de la coalición proetarra, alimenta conjeturas inquietantes. La politización de la Justicia es una corrupción del sistema que los partidos no han sabido o no han querido solventar a costa de mantener bajo el foco de determinados intereses el trabajo de un tribunal esencial. Pero hoy, el TC tiene una excelente oportunidad para reivindicar su prestigio, su rigor y su independencia.