Las diputaciones defienden su labor para asegurar la supervivencia de los pueblos

Los presidentes de las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León rechazan unánimemente la sugerencia lanzada por el ministro de Fomento, José Blanco, de suprimir estas instituciones para aligerar las arcas del Gobierno central. Tras recordar que para adoptar una medida así tendría que modificarse la Constitución Española, todos subrayan que su desaparición supondría una condena para los municipios con menos de mil habitantes, y recalcan su papel fundamental para preservar «un desarrollo territorial equilibrado» en todo el Estado.El presidente de la Diputación de Ávila, Agustín González, asegura que el 90 por ciento de los municipios de Castilla y León atravesarían una situación muy complicada y prácticamente desaparecerían en el caso de que se eliminaran las diputaciones. Por su parte, Vicente Orden, de Burgos, tacha de «disparate» la supresión de estas instituciones, porque «hoy por hoy son imprescindibles».Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, considera que la reflexión de blanco es «una cortina de humo» generada por el PSOE. El titular de la institución provincial de Palencia, Enrique Martín, considera que «muchos municipios se quedarían sin prestaciones de primera necesidad, obras básicas o el acceso a la señal de televisión, comunicación telefónica o nuevas tecnologías, por ejemplo».La presidenta de la Diputación de Salamanca, Isabel Jiménez, asegura que para eliminar las diputaciones habría que modificar la Constitución, porque allí están recogidas.Igualdad de serviciosJavier Santamaría, presidente de la Diputación de Segovia, asegura que las diputaciones garantizan «igualdad y homogeneidad de los servicios públicos».Mientras, Antonio Pardo, presidente en funciones en Soria, cree que las declaraciones del ministro parten de su «desconocimiento» de la función que desempeñan las corporaciones provinciales.El presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, reivindica «con firmeza» la insustituible labor» encomendada a estas instituciones, mientras que Fernando Martínez Maíllo, de Zamora, asegura que se trata de «defender el medio rural, que es fundamental para España».