Aragón imita a la Comunitat en la solución al sector público

Valencia- Durante los últimos años se han cometido errores, sí, posiblemente la gestión de lo público podría haber sido mejorable, es verdad. Pero también es cierto que algo se debe de estar haciendo bien. La Generalitat está siguiendo los pasos marcados por el Gobierno central para reducir el déficit, y hasta hay autonomías que imitan a la valenciana en sus soluciones.

Es el caso del Gobierno de Aragón, presidido por la «popular» Luisa Fernanda Rudí, que aprobó el pasado mes de diciembre el decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del Sector Público Empresarial, un texto que coincide en un elevadísimo número de artículos con el aprobado por el Consell en septiembre del año pasado, con un nombre prácticamente idéntico.

La primera coincidencia se produce en los principios generales de ambas normativas. Los del decreto aragonés rezan, casi exactamente como los del valenciano, que «las sociedades mercantiles autonómicas deben actuar de acuerdo con los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, austeridad, eficacia, eficiencia, economía y servicio al interés general».

Si se continúa la lectura de ambos textos, la siguiente concurrencia se produce en el hecho de que el Gobierno aragonés obliga, al igual que el valenciano, a aquellas empresas públicas que incurren en «niveles excesivos de pérdidas o de necesidad de financiación» a presentar unos planes de saneamiento.

En referencia al endeudamiento de los entes públicos, el texto aragonés coincide de nuevo con el valenciano. Ambos destacan que si una operación de préstamos se destina a una finalidad distinta para la que fue autorizada, se podrán denegar futuras operaciones de endeudamiento.

Ambas normas obligan a los entes a crear planes de pago a proveedores, y la aragonesa, al igual que la valenciana, incluye la posibilidad de incorporar mecanismos específicos de auditoría y control financiero.

En cuanto a los contratos que podrán firmar las empresas públicas, el Gobierno aragonés fija que aquellos que sean iguales o superiores a doce millones de euros, deberán contar con la autorización previa del Ejecutivo autonómico, algo que el decreto valenciano contempla en el artículo doce del Capítulo IV.

Además, los directivos de las sociedades públicas de Aragón, estarán obligados a declarar sus bienes, derechos patrimoniales y actividades, algo que también estableció el Consell, igualando estas obligaciones a las de los altos cargos de la Administración.