La República «referente democrático» en las escuelas

Uno de los dos puntos aprobados de la moción que había presentado Izquierda Unida para tratar rendir tributo a la II República en su 80 aniversario pedía el cumplimiento de la ley de memoria histórica. El otro asunto se refiere la necesidad de que los planes de estudio contemplen la República como un referente democrático y consideren el franquismo como un ejemplo de totalitarismo.

El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, que interpeló sobre esta cuestión al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en la última sesión plenaria anterior a la Semana Santa, ha propuesto este martes al Congreso un amplio programa de actos para celebrar el 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que va desde la organización de homenajes a personalidades políticas de esa época hasta la emisión de monedas y sellos conmemorativos.

Voto en contra del PP
Sin embargo, y dado que el PP ha votado en contra de todos los puntos al considerar que estos asuntos ya están suficientemente zanjados por la Constitución de 1978, IU sólo ha visto prosperar dos de los 15 puntos de la moción, los únicos que ha apoyado el PSOE.

En concreto, uno de ellos emplaza al Gobierno a cumplir antes del 31 de diciembre con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de "Memoria Histórica"para "la elaboración del 'mapa integrado que comprenda todo el territorio español', en el que consten los terrenos en que se localicen los restos de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior".

Dicho 'mapa de fosas' podría ser anunciado este mismo miércoles, que es cuando el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba tiene previsto comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso para informar del desarrollo y aplicación de la Ley de Memoria.

Ese cumplimiento afecta también a la retirada completa de "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura", así como a la reforma del Estatuto de la fundación gestora del Valle de los Caídos para que incluya entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales".

Igualmente, en el segundo punto aprobado, también con el voto en contra del PP y esta vez con la abstención de CiU, se ha pedido al Gobierno "la adecuación de los planes de estudio y de los libros de texto para el tratamiento histórico de la II República como referente democrático y, en el mismo sentido, del alzamiento militar y la posterior dictadura como referencia de la intolerancia y el totalitarismo".

Propuestas rechazadas
Por el contrario, ERC-IU-ICV no ha encontrado respaldo a sus propuestas para que el Ejecutivo declarase el 14 de Abril como Día de la Memoria y Fiesta nacional, o que impulsase la publicación de ejemplares conjuntos de las Constituciones de 1812, 1931 y 1978, así como de actividades académicas, culturales y de investigación sobre esta etapa y homenajes a colectivos como los republicanos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial por su contribución a la "construcción de una Europa democrática".

Tampoco ha logrado la organización de homenajes institucionales a "personalidades republicanas emblemáticas"como el presidente de la República, Manuel Azaña; los presidentes del Gobierno Juan Negrín y Santiago Suárez Quiroga, el de la Generalitat catalana, Lluis Companys y el lehendakari, José Antonio Aguirre.

El PSOE ha rechazado otros puntos como la entrega a su familiares de los restos mortales de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera (actualmente en el Valle de los Caídos), o la nulidad de las sentencias dictadas por motivos políticos, como la del poeta Miguel Hernández.
Por último, se ha negado la petición de cambiar la Ley de Memoria para que el Estado, incluido el Poder Judicial, colabore en la identificación y exhumación de víctimas, investigue las "desapariciones forzadas"durante la contienda civil y la dictadura --avalando así la causa que intentó abrir el juez Baltasar Garzón--, y el caso de los niños robados en esa etapa que se extendió hasta los años 90.