Ver para creer

Hace años que los usuarios tenemos la sensación de que la gestión del agua en Andalucía está presidida por el desconcierto. Sensación que se ha visto incrementada con las últimas enmiendas a la Ley de Aguas de Andalucía aprobadas en el Parlamento y la anunciada reorganización de la estructura administrativa del agua. Cinco años después de crearla, la Junta liquida la Agencia Andaluza del Agua, y lo hace además cuando está terminando de tramitar una ley cuajada de alusiones a este organismo, obligando al Grupo parlamentario Socialista a componer sobre la marcha unas enmiendas que modifican aspectos esenciales de la norma. ¿Cabe mayor chapuza?
La respuesta es que no, porque además los cambios introducidos a última hora rompen uno de los consensos básicos del Acuerdo Andaluz por el Agua, que se refería a una Administración del Agua con mayúsculas, es decir, a la conveniencia de que los asuntos del agua fueran gestionados por un organismo específicamente competente en estos asuntos. Nada de eso ocurrirá ahora, pues las competencias de la ya casi extinta Agencia pasarán a una Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y a una agencia de nueva creación que integrará también a Egmasa. Nada menos que a Egmasa. La justificación es que con esta integración se ahorrará dinero. Pero no sabemos de dónde saldrá ese ahorro, y, más bien, lo que nos tememos es que se trata de una operación para robustecer la capacidad recaudatoria de la Administración andaluza, mezclando agua y medio ambiente en un cóctel muy indigesto para los usuarios.
Pero lo que más nos molesta es que estos cambios han sido diseñados y decididos completamente de espaldas a los usuarios. Ni hemos sido informados ni recibidos ni escuchados. ¿Ése es el concepto de participación que tienen nuestros dirigentes? ¿Eso es democratizar la política de aguas? ¿Eso es trabajar con perspectiva y altura de miras? Basta un episodio para confirmar el desconcierto y la descoordinación con la que se ha hecho todo: mientras el Gobierno andaluz trabajaba en la reforma de la Administración hidráulica que significará la liquidación de esta Agencia, la Agencia Tributaria andaluza delegaba en este organismo condenado a muerte las competencias de gestión tributaria y recaudación de los impuestos sobre el uso del agua en periodo voluntario. Si no se lo creen, miren el BOJA del pasado 30 de junio. Ciertamente, hay que verlo y leerlo dos veces para creerlo.

* Margarita Bustamante es presidenta de Feragua