La Junta dio 46184 euros a los asaltantes del «super»

Madrid/Sevilla- «Nos vimos empujados a hacerlo por la grave situación que atraviesan numerosos vecinos que no tienen para comer». Loable argumento debieron pensar los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que ayer justificaban así el asalto a dos supermercados. Lástima que ese tipo de demagogia no estuviese más presente cuando recibieron la última subvención de la Junta de Andalucía. Y es que sólo en mayo, los jornaleros, ayer liderados por el alcalde de Marinaleda y diputado por IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, recibieron 46.184 euros en ayudas.

¿Se hacen una idea de la cantidad de carritos de comida que se pueden entregar a las familias en dificultades con ese dinero? Pues es más fácil de calcular de lo que parece. Cada uno de los carros robados ayer tendría un valor aproximado de 84 euros, según han establecido los supermercados afectados. Con la ayuda que este sindicato recibió de la Junta de Andalucía el pasado mes de mayo podría haber comprado, que no robado, hasta 550 carros de comida. Y esa sí hubiese sido una acción solidaria y digna de elogiar; la otra, la de ayer, es constitutiva de delito, lo disfracen de lo que lo quieran disfrazar.

Prueba de ello es la denuncia que uno de los establecimientos afectados ha presentado contra los artífices del asalto. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo dejó ayer claro: «He dado orden a la Policía y a la Guardia Civil de que detenga a los autores de esas acciones y los pongan a disposición judicial». Orden que incluye al orgulloso alcalde Marinaleda, ya que, según explicó el titular de Interior a Ep, «no vamos a tolerar que violenten las leyes bajo el pretexto de un aparente estado de necesidad». También señaló que se había puesto en contacto con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que instase a la Fiscalía a investigar los asaltos, que ya ha abierto diligencias. Mientras, las Fuerzas de Seguridad anunciaron que en cuanto los asaltantes sean identificados procederán a su detención. Ayer ya fue arrestado, en su domicilio de Hornachuelos (Córdoba), A.J.A.M. por su presunta participación en el asalto de Écija.

El insulto por respuesta
La respuesta de Sánchez Gordillo fue la esperada. La esperada tal y como ha actuado en los últimos tiempos. «No voy a huir. Ya he estado en la cárcel y no tengo miedo», proclamaba a LA RAZÓN el parlamentario, que acto seguido tachaba de «franquista de tomo y lomo» y de «fascista» al ministro del Interior. Y extendió su crítica al Gobierno por haber instaurado el «terrorismo estatal en España». Motivo por el que lanzó una propuesta a su medida: «Los diputados tienen que ocupar viviendas, fincas, negarse a firmar ERE, rebelarse y ponerse del lado de los pobres».

Pero lejos de reprobar la actitud o las palabras de Sánchez Gordillo, dirigentes de su partido lo justifican. El propio portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, no descartaba asaltar un supermercado si la situación lo requería, ya que en casos de necesidad y dramáticas hasta el «Código Penal lo justifica». Una interpretación del Código que se antoja simplista, pero válida para Sánchez Gordillo, que parece estar al margen de la ley.

Y es que, además de «Robin Hood» a la andaluza, va de «okupa». Ayer se le pudo ver en la finca Las Turquillas, propiedad de Defensa, ocupada desde el 24 de julio por un centenar de jornaleros del SAT que opusieron «resistencia pacífica» a su desalojo. Según explicó Sánchez Gordillo, el SAT pretende «que esas tierras puedan ser explotadas por jornaleros, ya que el Ejército sólo utiliza cinco hectáreas». Y advirtieron: «Por cada desalojo habrá una ocupación».