Rajoy cierra por completo la puerta al «banco malo»

MADRID- El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, presidió ayer por primera vez la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, un órgano que nada más tomar posesión del cargo de presidente anunció que encabezaría personalmente, rompiendo así la tradición para significar su compromiso con la crisis y su decisión de ser él quien lleve en la sombra todo el peso de la Vicepresidencia económica.

En la mesa ha estado el calendario de reformas que el Gobierno prevé aprobar próximamente, como también estará en la reunión de esta mañana del Consejo de Ministros.

A este Consejo, básicamente deliberativo, irán de nuevo informes de la reforma laboral, de la ley de Estabilidad Presupuestaria y de la reforma del sistema financiero. En la comisión de subsecretarios, que se reunió el pasado miércoles y que prepara el orden del día de hoy, también se avanzó en el anteproyecto de reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

En la Comisión Delegada de Asuntos Económicos tuvo un peso especial la reforma financiera. El Gobierno cierra definitivamente la puerta al «banco malo» y detalla una hoja de ruta que en su primera fase estará centrada en el saneamiento: los bancos y las cajas tendrán que actualizar en sus balances el precio de sus activos conforme al precio real del mercado.

Como consecuencia de este saneamiento, las entidades financieras entrarán inevitablemente en pérdidas, y como la decisión es que no haya dinero público, será entonces el momento de la «consolidación», es decir, de las fusiones. La reforma financiera que ultima el Gobierno de Rajoy aspira a que la banca duplique la cobertura de los activos adjudicados con sus propios recursos sin recurrir a ayudas públicas, para evitar que el contribuyente asuma ningún coste y se generen, además, efectos negativos sobre el déficit público.

El Ejecutivo calcula que el sector financiero necesita provisiones extra por 50.000 millones de euros para hacer frente a eventuales quebrantos derivados de la exposición al sector inmobiliario, y el debate se centra en si ese colchón se debe nutrir del patrimonio o de los beneficios que obtienen las entidades, informa Ep.