Camps acusa al Gobierno de intentar «ganar con artimañas» en Valencia

El feudo valenciano, objetivo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ésa es la conclusión a la que ha llegado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, después de que el viernes la Fiscalía Anticorrupción solicitase una multa de 41.250 euros por un «delito continuado de cohecho» en relación con el «caso Gürtel».

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Y así lo manifestó en el acto de proclamación de los candidatos del PPCV a los ayuntamientos celebrado en Alzira.

Su intervención contó con un claro alegato contra el acoso del Ejecutivo a esta comunidad y a su presidente. A su juicio, con la «fortaleza» y la «unión» del PP al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «le queda poco tiempo», señaló Camps. Y fue más allá al recordar que, no obstante, el PSOE ha «intentado ganar con todo tipo de artimañas en esta tierra porque sabía que o ganaba la Comunidad Valenciana o perdía España».

Pero el jefe de la Generalitat no estaba solo. Al acto asistió también el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que no dudó en destacar que para los fiscales «no somos todos iguales ante la ley». Y matizó: «No veréis a los fiscales impulsar atuaciones judiciales ante casos como los diez millones de euros dados a la empresa donde trabaja la hija de Chaves ni en los ERE de lujo de Andalucía». En opinión de Pons, «aquí por el regalo de cuatro corbatas te persiguen, pero si eres de Andalucía no lo hacen». Argumento compartido por la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que exigió la dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán.


184.000 euros de acoso
La instrucción de la causa contra Camps no sabe de crisis ni de recortes. El Estado ha gastado ya más de 184.000 euros en la investigación de los trajes, según fuentes próximas a este caso. La «factura» incluye todos los medios personales y materiales empleados desde que el juez Garzón –ahora apartado de su cargo a la espera de ser juzgado por prevaricación– comenzara la instrucción en 2008. Según esa estimación, el coste más alto sería por la dedicación al caso de las dos fiscales Anticorrupción (cifrada en unos 20.000 euros de su salario bruto) y la investigación policial (38.000 euros incluidas las dietas calculando la dedicación exclusiva de cinco agentes durante 2008 y 2009).