«Hace muchos años que dejamos de confiar en la Junta»

sevilla- La polémica sobre la futura ubicación de la Ciudad de la Justicia hispalense ha vuelto a saltar a la palestra. El Ayuntamiento de Sevilla sigue apostando por el Prado de San Sebastián mientras la Junta de Andalucía cree que lo idóneo es que se construya en los terrenos de Los Gordales. Para el decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, la primera de ellas es la mejor ubicación y la que tiene más posibilidades de llevarse a cabo.
–¿Insiste en que el Prado de Sebastián es la mejor de las opciones planteadas para Sevilla?
–Después de una década de palabras huecas por parte de la Administración autonómica y de que nuestro Ayuntamiento no haya querido saber nada de las nuevas instalaciones por fin vislumbramos la solución y el inicio de las obras. Estoy convencido de que la Ciudad de la Justicia se ubicará en el Prado, como tiene prometido el actual alcalde de la capital, Juan Ignacio Zoido. No sólo porque lo haya prometido, sino porque es el camino más sensato a recorrer y el que permite una mayor posibilidad teniendo en cuenta la actual crisis económica.
–¿Confía en que se hará?
–La Junta viene hablando de Los Gordales desde hace diez años y sólo se mostraron hitos fotográficos de un proceso con el que sólo marearon la perdiz y engañado a los sevillanos. Hace muchos años que dejamos de confiar en la Junta y ha perdido toda la credibilidad que tuvo. Pero ahora, parece que se vislumbra un nuevo proyecto.
–Dejando a un lado esta iniciativa, ¿qué otros males sufre la Justicia en Sevilla?
–Adolece de los mismos que el restos de los juzgados y tribunales españoles. Es una situación muy grave, porque a pesar de muchos años de democracia que llevamos, aún no se han abordado problemas importantes por los gobiernos centrales. Necesita una revolución en su manera de administrarse y gestionarsen. Casi todo se ha modernizado menos la Justicia, que viene sobreviviendo con normas anticuadas y sin mecanismos que permitan un mejor funcionamiento. Depende de tres organismos distintos: del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y de la Administración andaluza. Esta realidad hace difícil que pueda funcionar con normalidad. Pero insisto, uno de los principales males es que se carece de instrumentos para garantizar el control y los mecanismos de los servicios.
–¿Coincide así con algunas comunidades, gobernadas por el PP, que han propuesto devolver competencias como Justicia?
–Este tema es ciertamente muy delicado (silencio). Pero es uno de los grandes escollos de la Justicia. Creo que habría sido muy bueno para la sociedad española haber mantenido este servicio centralizado y no haberlo transferido a las comunidades autónomas. En su momento, el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de las transferencias, pero yo no coincido con ello, la verdad.
–También hay un problema de medios que hace inabarcable la solución de los conflictos.
–Necesitamos más jueces y una reestructuración, desde la Oficina Judicial, que incluya el establecimiento de controles en cuanto a su funcionamiento. Más que funcionarios, lo que se necesitan son jueces, porque el cuello de botella está en que son demasiados asuntos a resolver para sólo un magistrado. No se trata necesariamente de crear nuevas instalaciones.
–¿Qué le parece la actuación de la juez Mercedes Alaya en el caso de la trama de los ERE falsos?
–No puedo, ni debo, ni quiero pronunciarme sobre ningún caso en concreto. Hay que respetar a la Justicia, sus tiempos y su funcionamiento. Esto es lo primero y básico que hay que hacer. No obstante, dicho esto, me parece que en asuntos relacionados con la actividad política es justamente donde el poder judicial toma su dimensión de poder garante de los derechos y libertades de los ciudadanos. Se refuerza la confianza en la Justicia cuando ven que los jueces investigan sin importarles quiénes puedan ser los implicados, ni su condición política o su consideración social.