El PSOE quiere la guerra del agua

El PSOE sabía por informes y sondeos internos que perdería las elecciones generales en 2011 y, meses antes, las autonómicas y municipales de este mismo año. Lo sabía a pesar de sus análisis y encuestas, porque ocho de cada diez españoles consideraban a Zapatero un mal político, después de haber pensado generosamente que era tonto de remate. Lo pensaban, también, porque la economía se deterioraba a pasos agigantados que apunto estuvieron de provocar la intervención de nuestro país el 11 de mayo, sin que nuestro Gobierno reaccionara. Y lo confirmaban de forma implacable esos seis millones de parados que no dejaban de crecer ni un solo día hasta hacer irrespirable la gestión bobalicona y sectaria del Gobierno cuyas energías se iban por el alcantarillado de las políticas de igualdad, la eutanasia, las pastillas del día después, los derechos de las minorías más minoritarias, la memoria histórica y muchas otras vaguedades de igual pelaje de la dehesa. Un país sin ritmo cardíaco, con un Gobierno perdido y el rechazo general de los españoles tenía los días contados y así fue el 22 de mayo y posteriormente rematado el 20 de noviembre. En el PSOE cundió la idea de que esto lo arreglara el PP, porque con una sola legislatura se verían incapaces de hacerlo, y entonces volvería el PSOE al poder en un paseo triunfal para gobernar España una docena de años más. Si mal estaba todo había que empeorarlo un poco más y establecer ciertas políticas que allanasen el camino socialista. El agua era una de ellas. De ahí que se aprobara hace tan sólo tres meses un real decreto que modificaba la Ley de Aguas, un bodrio troceador de las cuencas hidrográficas que establecía como principio lo contrario de lo que defendía el PP. Sabemos que el PSOE, desde mucho antes de Josep Borrell, nunca ha sido trasvasista, excepto en el periodo de la II República cuando Indalecio Prieto en Alicante llamó «antipatriotas» a quienes se opusieron al trasvase de agua entre cuencas como principio de solidaridad. Pero eso pasó a mejor vida. Por eso, en agosto de este año se dio desde el Gobierno la autoridad competencial de esta materia a las comunidades autónomas, con capacidad de legislar en su beneficio y en su territorio. Vía «decretazo» se rompía con la unidad de las cuencas hidrográficas, se abría de nuevo la guerra del agua y se preparaba a sus barones territoriales para que lo metiesen en campaña y lo usaran como arma arrojadiza, que es lo que hicieron Pedro Saura y González Veracruz en esta última campaña. No se habían vuelto locos. Era pura estrategia que se vio confirmada más tarde cuando Bono dijo en la capital del Segura que la huerta murciana estaba muerta si el agua debía proceder del Tajo-Segura. Ni Saura, ni González perdieron la cabeza, ni Bono sufrió un calentón de boca. Estaba todo perfectamente calculado para plantear la batalla en recuperar determinados territorios ahora gobernados por el PP, como Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Cantabria y Andalucía, aunque no esté ésta en manos populares pero que ya saben que la perderán. El agua como regalo envenenado al nuevo Gobierno de España y, por extensión, a todos los presidentes autonómicos en esos territorios. Por eso Valencia y Murcia recurren al Constitucional y, por eso también, se suman los regantes y agricultores. Falta un ministro del ramo que ponga orden y Rajoy ya nos lo ha prometido.