Pulso al déficit el 22-M traerá más recortes e impuestos

Los nuevos ajustes que la Unión Europea ha sugerido a España para alcanzar los objetivos de déficit, las desviaciones de las principales variables macroeconómicas y el gigantesco agujero de las cuentas públicas, que se conocerá en toda su dimensión con los cambios de gobierno que se produzcan el próximo 22-M, parecen abocar a las administraciones públicas a la aplicación de recortes adicionales, las dos palabras malditas que desde hace semanas están en boca de todos los sectores económicos.

El escenario que se dibuja tras los comicios autonómicos y municipales del próximo domingo, según los expertos consultados, es muy negro; sobre todo, para los bolsillos de los españoles. Por un lado, los ayuntamientos subirán previsiblemente algunos tributos locales y, de nuevo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con el objetivo de reflotar sus depauperadas arcas. La cuantía del incremento dependerá de lo que se halle bajo las alfombras de los consistorios, pero baste recordar que la recaudación pasó de 7.991 millones a 9.889 millones con el alza de este último tributo en 2009.

Por su parte, las autonomías tampoco irán a la zaga de los consistorios. Cataluña mostró el camino de los recortes con un particular plan de ajuste que ya ha tenido respuesta en las calles en forma de protestas masivas. La última, ayer mismo. Tras ella, irán el resto de los territorios, pues sólo en sanidad tienen un agujero de 15.000 millones de euros.

Un plan actualizado
La tercera pata de los nuevos «ajustes» la protagonizará el Estado, que insiste en convencer a Bruselas de la rectitud de sus medidas y de que no superará un déficit del 6% en 2014, según la actualización del Plan de Estabilidad que envió a Bruselas hace dos semanas. La nueva hoja de ruta, cuyo contenido apenas ha trascendido, incorpora ya ajustes que afectan a todos los sectores. La ministra Elena Salgado pretende que el total de los ingresos para este año se quede en el 36,7% del PIB, mientras se prevé que los gastos suban hasta el 42,7%.

En primer lugar, el Estado espera ahorrar a costa de la retribución de los funcionarios. Después de la rebaja del 5% que les aplicó en 2010, prevé ahorrarse 3.000 millones en 2011 con la congelación de este año. Además, cuenta con recortar el gasto en 8.000 millones, al reponer sólo el 10% de las vacantes de las administraciones. Esto significa que reducirá el 7% de la plantilla en sólo dos años.

En segundo lugar, el Estado apretará el bolsillo de los ciudadanos, aunque insiste en decir que «no habrá recortes adicionales». De acuerdo con el documento que acaba de enviar a Bruselas, el Gobierno cuenta con que la recaudación por impuestos eleve en 5 décimas su peso en el PIB de este año, lo que corresponde, en un 80%, al aumento de los tipos del IVA. Los economistas no descartan tampoco subidas de impuestos especiales de la gasolina, el tabaco y el alcohol.

Supresión de prestaciones
Además, el recorte presupuestario afectará a la sanidad. Aunque Economía asegura que las medidas de ahorro implementadas en este ámbito serán suficientes para que el Estado se ahorre 1.000 millones, las autonomías empiezan a ir más allá, al legislar recortes por su cuenta, en línea con el plan de Artur Mas en Cataluña. Por ejemplo, Andalucía subastará medicamentos a efectos de su financiación. Galicia, penalizará a los médicos que receten fármacos caros. Y hay otras autonomías que ralentizan las inversiones en hospitales y centros de salud y que estudian la posibilidad de excluir prestaciones superfluas del actual católogo público.

Asimismo, la tijera pasará por la inversión de las administraciones públicas que, según afirma el Estado, «aplicará los acuerdos de no disponibilidad de crédito a las inversiones de infraestructuras este año». Es decir, 1.800 millones menos. Ya lo advirtió el ministro de Fomento, José Blanco esta semana: «La inversión en infraestructuras nunca volverá a ser como antes de la crisis». Tampoco le tembló el pulso al apuntar que «las autovías pueden esperar, pero no una beca para un joven». Así trató de justificar el recorte de más de 6.000 millones en inversiones. Las autonomías, por su parte, se mueven también en ámbitos diferentes al sanitario. Por ejemplo, Castilla y León cede inmuebles para obtener obras de reforma como contraprestación.