La Junta subasta ahora 27 coches por la reducción de consejerías de marzo

La falta de uso es el motivo, contenido en el decreto del presidente 14/2010 de 22 de marzo sobre reestructuración de consejerías con motivo de la crisis de Gobierno que hizo José Antonio Griñán, que pasó de 15 a 13 consejerías. En concreto, suprimió la Consejería de Justicia y Administración Pública –competencias que asumió Gobernación y Hacienda respectivamente– y la de Vivienda –política que depende ahora de Obras Públicas–. Hasta ahora, cada vez que el presidente andaluz ha hecho cambios en su Gobierno –bien por la reducción de direcciones generales o por la supresión directa de consejerías– desde la Junta se han apresurado a aclarar que el objetivo principal de la medida era la mejora del funcionamiento de la administración y no el ahorro de costes. La realidad, como muestra esta convocatoria pública, es que la reducción del aparato burocrático del Gobierno andaluz aminora gastos.

El precio por el que sale el lote de vehículos es modesto –60.800 euros en global, con precios que oscilan entre los 7.500 para un BMW con 250.000 kilómetros a los 1.000 de dos Renault Laguna–. La mayoría supera con creces los 200.000 kilómetros –el Audi tiene más de 420.000– y están matriculados hace cinco años –el más moderno es de febrero de 2007, un Citroen C-5 con 150.000 kilómetros y el más antiguo es un Renault Laguna del año 98–.
Llama la atención también la existencia de una Vespa 125-L matriculada en enero de 1991 y que sólo cuenta con 13.525 kilómetros. El precio es de 600 euros. También hay dos coches que el adquiriente se compromete a dar de baja: Hacienda pide 600 y 400 euros por convertirlos en chatarra.

Para evitar suspicacias, el punto cinco del pliego de condiciones aclara que «no podrán tomar parte en el procedimiento altos cargos de la administración general del Estado» así como respetar «la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía».

El parque móvil de la Junta, según detalló el Gobierno andaluz el pasado mes de julio es de 4.655 vehículos. La mayoría es de vigilancia forestal, servicios de aguas, mantenimiento de carreteras, sanitarios, asistenciales, policía..., etc. Para altos cargos se reservan 299, todos ellos de gama alta, a los que pertenece el lote reseñado.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, anunció el pasado mes de junio que su departamento tiene previsto «dar de baja entre 160 y 170 vehículos», que serán «enajenados y vendidos» en un proceso que se desarrollará «poco a poco» y que debe estar concluido «antes de fin de año».

Desde finales de marzo hasta la fecha, sólo se ha utilizado este procedimiento en este lote de 27 vehículos. Para cumplir el objetivo marcado, habrá que acelerar la maquinaria burocrática.
El plan de reequilibrio de las cuentas públicas para cumplir con el pacto acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera incluye una reducción global del 10 por ciento en los gastos operativos no esenciales. Entre ellos, se persigue «una gestión activa del parque móvil, racionalizando su número y uso, optando en todo caso por vehículos de menor cilindrada y energéticamente eficientes». Con esta medida, la Junta pretende ahorrar cuatro millones de euros.