Madrid receptiva a la ayuda del Gobierno para rebajar el transporte

El Gobierno madrileño explica en un comunicado que accede a reunirse para "estudiar la posible rebaja del 5% en el precio del transporte público, siempre que se presente de forma clara, por escrito y garantizando el pago de esa cantidad".

Según sus datos, dicha rebaja supone 45 millones de euros para las arcas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. El Ejecutivo regional recuerda que para que funcione toda la red de transporte público madrileño son necesarios 2.300 millones de euros al año, de los cuales 900 millones proceden de lo que pagan los viajeros y los 1.400 millones restantes los pagan las administraciones públicas con los impuestos de todos los ciudadanos.

De esos 1.400 millones, la Comunidad aporta 900 millones, el Ayuntamiento de Madrid 250 millones y el Estado, que ya ha "rebajado en 20 millones su aportación para este ejercicio, 180 millones. Por tanto, "si bajan el 5% los ingresos por la venta de billetes, como pretende el Gobierno de España, se dejan de recaudar 45 millones, una cantidad que tienen que pagar todos los madrileños con sus impuestos, ya que el sistema de transporte sigue consumiendo electricidad, combustibles, sueldos y costes de construcción y mantenimiento", argumenta.
 
Una mera distracción
Tras insistir en que la medida es una "nueva ocurrencia del Gobierno de Zapatero, que lo que pretende es distraer a los ciudadanos de los problemas reales, como la crisis económica y el desempleo", el Gobierno madrileño advierte de que una bajada de las tarifas del transporte público "no soluciona los problemas energéticos de España".

A su juicio, se trata de "medidas improvisadas que no ahondan en la raíz del problema, pues el problema del coste de la energía es consecuencia de la incapacidad del Gobierno de elaborar una eficiente política energética".

A ese respecto sostiene que la "prueba de que es una nueva ocurrencia es el hecho de su temporalidad, ya que si de verdad fuese una solución al problema energético la medida debería ser estructural y no para cuatro meses"