«El Gobierno ya no tiene excusas para un proyecto de ley que regule el veto»

Desde el Ministerio de Presidencia hasta el Ministerio de Sanidad, la respuesta estaba estudiada: antes de aprobar una ley que regule la prohibición de los anuncios de contactos en prensa, tal como ha recomendado el Consejo de Estado en su informe, tiene que existir un consenso. Tanto entre los partidos políticos, lo que parece factible, como con los medios de comunicación, lo que es más complicado.

El consenso con los editores de prensa para erradicar, o al menos limitar, estos anuncios se presenta complicado
El consenso con los editores de prensa para erradicar, o al menos limitar, estos anuncios se presenta complicado

«La intención del Gobierno es hablar con los grupos editoriales y los partidos políticos. Cuando se recibe una recomendación del máximo consejo consultivo, se trata de encontrar una solución», afirmaron a este diario fuentes de Presidencia. Del mismo modo, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, mostró ayer en el Congreso su satisfacción, porque el informe «avala la posición del Gobierno» respecto a la erradicación de estos anuncios. Además, Sanidad estima que la autorregulación en los medios «se ha mostrado insuficiente» y «aboga por una regulación específica». Por ello, Pajín establecerá un «calendario» de encuentros con este fin. Sin embargo, Unión del Pueblo Navarro (UPN), partido que ha liderado en el Congreso la eliminación de esta publicidad, considera que la postura del Gobierno es insuficiente.

Esta semana, el diputado de UPN, Carlos Salvador, interpelará a Pajín para conocer si el Gobierno va a llevar a cabo un proyecto de ley. «Después de conocer el informe del Consejo de Estado, la ministra no se puede amparar en nada más ni mirar hacia otro lado», afirmó ayer a este diario Sergio Saya, portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. Además, Saya pidió ayer a todos lo partidos políticos «que no inserten publicidad en los diarios que mantienen estos anuncios», un gesto que UPN va a cumplir y que debería incluir «la publicidad electoral» de los próximos comicios. Esta petición incluye también a las Instituciones Públicas.

Mientras, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, consideró que la prohibición de estos anuncios ayudará a «socavar» los prejuicios que respaldan la violencia de género, pues el agresor vive un proceso de «deshumanización de la víctima», aspecto vinculado a los anuncios de contactos.

«Para nosotras ha sido una inmensa alegría», afirmó Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp). Nieto augura que, mientras que el consenso político «no va a dar problemas», más «complicada» va a ser la negociación con los medios de comunicación, pues es un tema que «les duele en el bolsillo».

Nieto también alabó el «trabajo coordinado que hemos llevado a cabo con el Plan Nacional contra la Trata». Los únicos que no se congratularon por la noticia fueron Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, y la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, que considera que se están «matando moscas a cañonazos».