Castilla-La Mancha

Los estudiantes van a la huelga de la mano de los «indignados»

De protesta en protesta. Así funcionan los «indignados» del movimiento 15-M que, tras las acampadas en numerosas ciudades españolas para pedir la reforma de la ley electoral, ahora se interesan por la Educación y el aumento de horas lectivas que han establecido comunidades autónomas como Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha.

Los estudiantes se suman a las protestas por los recortes en la enseñanza pública de algunas comunidades y organizarán un paro el próximo mes
Los estudiantes se suman a las protestas por los recortes en la enseñanza pública de algunas comunidades y organizarán un paro el próximo meslarazonfreemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@fc67481

De este modo, el Sindicato de Estudiantes, formado según su secretario general, Tohil Delgado, por afines e integrantes del movimiento de los «indignados», se situó ayer a favor de UGT, CC OO y STES, a quienes solicitó la convocatoria inminente de una huelga general para «luchar» por la enseñanza pública.

Desde el martes de la semana pasada, la actividad es frenética en la sede de Madrid de este sindicato del alumnado, y las reuniones se suceden para establecer las pautas y el marco de actuación de sus protestas. Así, entre las propuestas que se han planteado, destaca una huelga general de estudiantes, que se celebrará el próximo 6 de octubre, una carta abierta para los profesores con el fin de mostrarles su apoyo y promover asambleas entre los estudiantes de secundaria con el objetivo de que éstos puedan participar de forma activa y que tengan voz en las movilizaciones organizadas por las organizaciones sindicales.

Según palabras del máximo responsable del Sindicato de Estudiantes, han estado «atentos a la evolución de las actuaciones de algunas autonomías en asuntos relativos a la Educación y la situación es ya insostenible pues se podría empezar el curso con 15.000 profesores menos», argumenta. En la misma línea crítica, el propio Tohil Delgado afirmó también que «estos recortes suponen un ERE para la enseñanza pública y se encuadran dentro del modelo educativo de la derecha, que defiende la enseñanza como un modelo de negocio de alta calidad sólo al alcance de aquellas familias que puedan permitirse el lujo de pagar sus altos costes».