Las residencias auguran despidos

BARCELONA- Las residencias y centros de día para gente mayor y personas con discapacidad afectadas por la congelación de los pagos hasta noviembre, empiezan a buscar soluciones para hacer frente a esta situación. Mientras unos temen despidos, otros sufren por no poder garantizar el mismo servicio que hasta ahora o plantean a las familias afrontar el pago.

«Los recortes nos afectarán en unos 10.000 euros, ya que al ser un centro de día colaborador la Generalitat sólo pagará el 65 por ciento de lo que venía haciendo hasta ahora, que son unos 5.000 euros cada mes», explica la directora del Centre de Día de Pallejà, Ángels Saldaña cuya entidad acoge a un total de 48 plazas, 37 de ellas colaboradoras y 11 privadas.

«¿De dónde sacaremos ahora este dinero? ¿Pidiendo un crédito? y ¿cómo se pagan los intereses?», se pregunta preocupada la directora. «El 90 por ciento de nuestros gastos son de personal, así que muchos centros se verán obligados a realizar reestructuraciones», lamenta Saldaña, que dirige a 16 trabajadores.

«Somos una entidad sin ánimo de lucro y no una empresa que dispone de beneficios», lamenta el portavoz de la Fundación Ana Ribot, que gestiona el centro de día de Pallejà. «Esta medida es intolerable ya que la Generalitat, en vez de decirle a los usuarios que no puede mantenerles en el Estado del Bienestar, traspasa el problema a las entidades sociales», critican.

Lo mismo opina el secretario general de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), Juli Martí, que teme que «se cree una situación compleja para garantizar el pago de compras y del sueldo de los trabajadores pudiendo afectar a 140.000 usuarios y 5.000 empleados». «Los directores de estos centros se enfrentan a una situación complicada», avanzó Martí.

Por su parte, el vicepresidente de la Ascad, Iñaki Antón, planteó la posibilidad de que sean las familias de los ancianos residentes las que asuman la subvención del pago aplazado. Antón es el director y propietario de la residencia geriátrica Gravi de Polinyà (Barcelona), que tiene 33 plazas, 30 de ellas colaboradoras. Dejará de ingresar entre 12.000 y 14.000 euros mensuales. «Estamos en la obligación de asegurar la calidad de atención a nuestros ancianos pero si no tengo medios significa la afectación de nuestros destinatarios, que son los ancianos, la población más frágil», dijo.