Cataluña

El TC admite a trámite los recursos sobre la fotovoltaica y la financiación

El Gobierno regional persigue que el Ejecutivo socialista no le prive de su derecho a cobrar el fondo de competitividad.

La portavoz regional, María Pedro Reverte, y la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, ayer en San Esteban
La portavoz regional, María Pedro Reverte, y la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, ayer en San Estebanlarazon

MURCIA- La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas y a la sazón portavoz regional, María Pedro Reverte, anunció ayer que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tuvo conocimiento de la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo regional en materia de financiación autonómica y energía fotovoltaica.
En lo referente a la última materia, el Alto Tribunal admitió la tramitación que interpuso el Gobierno regional el pasado 4 de marzo a propuesta realizada por el consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín. El escrito mencionado, apelaba a la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 14/2010 de 23 de diciembre en virtud del cual se establecía una considerable rebaja a las primas que debían percibir los productores de la energía fotovoltaica. Asimismo, desde la Comunidad se entiende que el Real Decreto mencionado, conduce a una inseguridad jurídica, ya que se encuentra basado en la discriminación y arbitrariedad promovida desde el Gobierno central, además de en la vulneración de los artículos 9.3, 14, 86, 138 y 139 de la Constitución Española. El Gobierno murciano sostiene con tesón que el cambio de las reglas de juego promovido por el PSOE repercute de manera negativa en los miles de agricultores de la Región que apostaron por la energía fotovoltaica dentro de una normativa que ha sido cambiada sobre la marcha y sin previo aviso. El consejero Salvador Marín denunció el mes pasado que el cambio normativo se traducía en una limitación de las horas de producción sin considerar la cantidad de horario solar que podía tener cada región, siendo Murcia una de las que más posee dentro de este campo. De la misma forma, criticó que suponía una variación de lo establecido que dejaba en una clara posición de vulnerabilidad a los murcianos que habían apostado por las denominadas energías limpias.
En otro sentido, el Constitucional también admitió a trámite el recurso presentado el pasado 11 de febrero contra la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, al considerar que incurría en una lesión de la autonomía política y financiera de la Región de Murcia. Uno de los principales detonantes que propiciaron la presentación del mencionado recurso es que el Gobierno Zapatero no reconoce el derecho de la Región a percibir el pago correspondiente en concepto del fondo de competitividad que asciende a 211 millones de euros. A este respecto, Reverte comunicó ayer que Murcia no se encuentra sola en estas reivindicaciones, ya que Cataluña también solicitó el pago en concepto de fondo de competitividad. Desde el Gobierno regional, la lectura que se hizo de la admisión a trámite de este par de recursos de inconstitucionalidad fue que «pone de manifiesto el esfuerzo del Ejecutivo regional por defender intereses de todos los murcianos y por recibir una financiación justa del Estado». Por tanto, en el seno de la Comunidad se entiende que el TC refrendó unas demandas justas de la Región dentro de su actividad de defensa de lo que entienden que es lo más justo para todos los murcianos.

Cáritas exige medio millón
Por otra parte, la organización Cáritas Diocesana reclamó ayer el pago de 500.000 euros a la Comunidad que se encuentran acordados, según fuentes de la asociación y que resultan «indispensables» para la perdurabilidad de la atención que presta Cáritas entre los necesitados murcianos, los cuales, se han visto considerablemente aumentados en los últimos tiempos debido a los efectos colaterales de la crisis.
Preguntada por la supuesta deuda con la organización diocesana, Reverte aseguró no tener constancia de ello, aunque se comprometió a abordar el asunto con la mayor celeridad posible con la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración que encabeza Joaquín Bascuñana. Para la portavoz regional, el retraso en el pago se debe «a los problemas de tesorería que estamos teniendo», si bien es cierto que comunicó que la Comunidad ha comenzado a ejecutar los pagos conforme «existe liquidez», al tiempo que aseguró que la caja del Gobierno regional se encuentra abierta después de que se cerrara durante la confección del plan de reequilibrio que fue presentado ante el Ministerio de Economía. para que éste lo evaluara.