El Consell viajará a Nicaragua para comprobar si se destinaron las ayudas

VALENCIA- La Conselleria de Justicia y Bienestar Social llegará hasta las últimas consecuencias en su investigación del caso de presunta malversación de fondos públicos destinados a proyectos de cooperación. Su objetivo no es únicamente examinar formalmente los expedientes, sino descubrir exactamente a qué se destinó el dinero de las subvenciones. Por ello, la orden es hacer todo lo necesario para llegar a la verdad. En esta línea, fuentes de la Conselleria aseguraron que si es necesario desplazarse hasta los países beneficiarios de los programas de solidaridad, se hará.
Tal y como anunció el titular del área, Jorge Cabre, si alguien ha querido engañar a la Administración desde dentro, «es de suponer que los expedientes, en términos generales, estarán inmaculados». Por esta razón, la investigación, que se iniciará el próximo lunes a cargo del secretario autonómico de familia y solidaridad, Enrique Navarro, estudiará en primer lugar si la dotación económica llegó a la ONG y qué hizo esta con dicha cantidad.
En este sentido, el Departamento analizará minuciosamente todos los expedientes de las entidades investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, que rondan la decena, desde el año 2009. Todavía están recopilando la documentación, por lo que desconoce el número exacto de expedientes y el tiempo en el que podrán revisarse. Los resultados se pondrán a disposición de la Justicia.
En esta línea, el vicepresidente del Consell, José Císcar, anunció ayer que la Generalitat dejará de contratar a las fundaciones investigadas. Además, informó de que se ha abierto un expediente informativo a un funcionario imputado. Sobre el futuro del entonces titular de Solidaridad, Rafael Blasco, aseguró que el Ejecutivo autonómico no ha hecho ningún «planteamiento en ningún sentido», ya que Blasco no está imputado.
Asimismo, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ), la trama suma ya diecinueve imputados, dos de ellos todavía sin localizar. Sin embargo, no se ha dictado ninguna orden de búsqueda y captura contra ellos, sino una requisitoria ordinaria de localización.
La causa sigue en secreto por lo que no ha trascendido la cuantía de los fondos desviados, pero el Tribunal señaló que es muy inferior a los siete millones de euros que se comentan.

Blasco confía en la inocencia de los dos altos cargos
El entonces conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, volvió a insistir en la inocencia de los altos cargos imputados. Hizo un llamamiento al respeto de la presunción de inocencia y exigió que no se lleven a cabo campañas difamatorias. El actual síndic no se pronunció sobre su futuro. Quien sí lo hizo fue la oposición, que pidió su destitución.