El Congreso rechaza extremar la vigilancia sobre Bildu

El pleno del Congreso ha aprobado hoy 51 resoluciones derivadas del debate sobre el estado de la nación, entre ellas una de los nacionalistas catalanes que insta al Gobierno a traspasar a Cataluña las competencias sobre becas, pero ha rechazado la de «extremar» la vigilancia sobre Bildu.

La moción presentada por el grupo popular para exigir al Ejecutivo que extreme la "vigilancia"sobre Bildu en los ayuntamientos donde gobierna no ha sido aprobada, pese a que el PP pactó una transacción con UPyD y UPN, insuficiente para sacarla adelante, debido al rechazo del resto de la Cámara.

El grupo socialista ha conseguido la ratificación en la votación celebrada en la Cámara Baja de sus quince propuestas de resolución, mientras que el PP sólo ha visto aprobadas tres, frente a trece del PNV y ocho de CiU.

También se han aprobado tres del BNG, cuatro de Coalición Canaria y otras cuatro del grupo de ERC-IU-ICV.

El PP, UPyD y Unión del Pueblo Navarro (UPN), los tres partidos que presentaron en el Congreso propuestas de resolución sobre Bildu en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, han unido fuerzas para pactar un texto común en el se insta al Gobierno a "extremar la vigilancia"sobre la coalición, abriendo incluso la puerta a la ilegalización "si es necesario".

La propuesta de resolución, comienza con la sugerencia de UPN para "estudiar la fórmula más adecuada para que la normativa electoral permita a los ciudadanos vascos y navarros que tuvieron que abandonar su tierra por la presión terrorista, puedan votar en sus territorios de origen, manteniendo la confidencialidad de su actual domicilio (empadronamiento)"fuera de Euskadi y Navarra.

A instancias de UPyD, también se "insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean precisas a fin de proteger la seguridad de los amenazados, en particular en el País Vasco y Navarra, garantizando la libertad de movimientos de sus escoltas, si es necesario, y restableciendo cualquier medida de seguridad que se considere necesaria y que haya sido o pueda ser eliminada en cualquier ayuntamiento o institución pública".

A partir de ahí, los tres partidos exigen "extremar, desde la lealtad al Pacto antiterrorista y en defensa de la dignidad de las instituciones vascas y navarras y de las libertades de los ciudadanos, la vigilancia sobre la conducta y las manifestaciones de los representantes electos de Bildu a fin de evitar que utilicen las instituciones democráticas para continuar la estrategia marcada por Batasuna/ETA".

En este sentido, se insta al Gobierno a "adoptar todas las medidas legales para impedir a Bildu o cualquier otro partido el debilitamiento de la seguridad y libertad de acción de los concejales y ciudadanos que hayan estado o puedan estar amenazados por ETA como por cualquier grupo que colabore con la banda terrorista, recurriendo si es necesario a emplear las herramientas que impidan la utilización de las instituciones por ETA/Batasuna".

Como figuraba en la propuesta original del PP, en el texto no se menciona explícitamente la ilegalización, que sí citaban UPN y UPyD, pero sí abre la puerta a recurrir a esta vía extrema que el PSOE hoy no contempla.

El texto conjunto de PP, UPyD y UPN será sometido a votación este jueves en el Pleno del Congreso, y no habrá opción a pronunciarse sobre la redacción alternativa que propuso el PSOE, en la que se condiciona la actuación del Gobierno a la unidad contra el terrorismo, al respeto al sentido del voto de los ciudadanos en los comicios del 22 de mayo, y a la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió que Bildu concurrir a las elecciones.