El PP pide firmeza al Gobierno para frenar el plan de la UE que penaliza la deuda de España

MADRID-Con la vista puesta en el Consejo Europeo, que se celebrará el próximo domingo, el coordinador de Economía del Partido Popular (PP), Cristóbal Montoro, exigió ayer al Gobierno español que impida la aprobación por parte de la Unión Europea (UE) de un plan por el que las entidades financieras que compraron deuda española deberán hacer «provisiones» para cubrir hipotéticos riesgos de impago.

Este plan del Ejecutivo comunitario, como informó el domingo LA RAZÓN, pasaría además por una devaluación de los bonos periféricos, de un 20% en el caso de Italia y España, lo que obligaría a las entidades financieras españolas a lanzarse a la busca y captura de nuevos recursos, lo que no es baladí, ya que podría suponer hasta 48.306 millones de euros. En este escenario, según Montoro, si se pacta una medida así, «se ponen en tela de juicio» casi de manera inmediata «las emisiones futuras de deuda española». Dicho de otro modo, la consecuencia pasa por «encarecer» y poner más trabas, si cabe, a la salida de la crisis.

A juicio del ex ministro, el problema no es ya defender a la banca española, sino que España se cuelgue el sanbenito de que cuando emite deuda es «fuente de riesgo», ocasionando, por ende, «un retroceso» en toda la zona euro. Dicho de otro modo, el PP le pidió ayer al Gobierno que tenga mano dura cuando se siente junto a sus socios europeos el próximo fin de semana; que no sólo haga valer el peso de España en un debate de envergadura para Europa, sino que «defienda» que este país juega «en primera división», aseveró Montoro.

La hoja de ruta de Bruselas frente a la crisis de deuda en Europa, dados los temores de contagio y la necesidad de concretar el camino para evitar la quiebra griega, hace «crucial» la cumbre del domingo. Según Cristóbal Montoro, «porque de ella depende el futuro inmediato del euro» y, en consecuencia, el de España. La trascendencia de los acuerdos que se alcancen es de tal calibre para la oposición que será el Gobierno el que tenga «la máxima responsabilidad, porque si la consecuencia fuera poner en cuestión la calidad de la deuda soberana española, hablaríamos de otro escenario económico».