El fraudulento por Alfonso Ussía

Con la rigurosa convicción democrática que caracteriza a los sindicalistas profesionales, Cándido Méndez se ha referido en una de sus divertidas intervenciones públicas a la «mayoría absoluta fraudulenta del Gobierno de Mariano Rajoy». Esa oración no tiene otro sentido que el reconocimiento tácito de la repugnancia que le produce al compañero Méndez el sistema democrático. La opinión es libre, y la mía me sugiere que para un determinado, y no reducido sector de la izquierda española, la democracia es sólo valida cuando las candidaturas zurdas son las más votadas en las urnas. Tenemos una izquierda de caverna, antigua y anclada en el pasado, contempladora de paisajes afortunadamente superados excepto para sus ojos. Poner en duda la limpieza de los resultados de las últimas elecciones generales, sólo se le ocurre a un defensor del pensamiento único establecido como instrumento del poder.

Simultáneamente, el ministerio de Hacienda ha propuesto eliminar 6.000 liberados en la función pública. Es decir, 6.000 sindicalistas profesionales. Su propuesta no es incrementar el pavoroso número de parados en seis mil más, sino obligarlos a trabajar como hace el resto de los funcionarios. Ese abuso gorrón no es considerado como un fraude por el compañero Méndez, al que nada habría que sancionar moralmente si los liberados sindicales percibieran sus salarios de los fondos de los sindicatos y no de los impuestos de todos los españoles. Nuestros inmovilistas sindicatos nada tienen de progresistas. Son ultraconservadores en su concepto de bien común, cuando en realidad representan la incurable enfermedad de la avaricia del dinero ajeno. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras perderían toda su influencia si dependieran de sus afiliados. Ha llegado la hora de suprimir las subvenciones. No se atreverá el Gobierno de Rajoy a llevar a cabo tan benéfica acción en su totalidad, pero cualquier indicio de reducción del nivel de la chulería de quienes viven del trabajo de los demás, será siempre bien recibido. Y no me refiero únicamente a los sindicatos.

España, y su administrador, el Estado, necesitan dinero para mantener su estructura, sus instituciones y su fortaleza soberana. Hay Organizaciones No Gubernamentales admirables, y otras, muchísimas, cuyo único fin es el de vivir a costa de la generosidad del Gobierno. En cualquier caso, todas son gubernamentales en mayor o menor medida. El Estado de bienestar es un objetivo maravilloso, pero no se puede interpretar como un derecho adquirido por decenas de miles de golfos que viven sin dar un palo al agua, cuando a más de cinco millones de españoles les han arrebatado el agua y los palos. Y de esta situación, ya enfermedad crónica, de exaltación de la indolencia, la pereza, la negligencia y la haraganería, tienen mucha responsabilidad los sindicatos, organizaciones monstruosas y carísimas, inviables en momento tan crítico como el que atravesamos. Defraudar a los que no defraudan es un fraude mayúsculo.

Mientras no se celebren unas nuevas elecciones generales –las izquierdas podrían llevarse una sorpresa–, los resultados de las últimas son inatacables y no se pueden poner en duda. Con el dinero que sobra a los sindicatos y que proviene de nuestros bolsillos, se puede incendiar la calle, pero no derretir las urnas. Europa obliga, y nuestra recuperación pasa por el sacrificio de todos. No obstante, el aumento de los impuestos a los que más trabajan y no a los que más tienen, esa decisión fácil e injusta, es la gran mancha que ensombrece la gestión del Gobierno.
Pero su legitimidad es absoluta si se cree en el sistema democrático. Los que no estén conformes con la libre participación ciudadana en unas elecciones, que lo digan claramente. No pasa nada. Un Estado de Derecho también tolera y ampara a los que no creen en él.