La imaginación al poder judicial

Pues ahí puede estar el futuro de nuestras libertades: en manos de un fiscal gubernamental que dispone qué es delito y qué no, a quién se persigue y a quién no 

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Era a comienzos de los noventa y cada día saltaba un escándalo político o económico. Eran los años de la corrupción. Fue en aquella época cuando los tribunales, en especial la Audiencia Nacional, se convirtieron en un plató televisivo; lo normal en los telediarios era conectar en directo con la Audiencia. Fueron años en los que cuajó como estrategia de defensa trasladar a la opinión pública el mensaje de que el sistema judicial español es defectuoso y esa –y no otra– era la causa de los problemas judiciales de los protagonistas de los escándalos. Y así hasta la fecha.Se empezó a cuestionar la existencia del juez de instrucción y a sostenerse que lo propio es que investigue el fiscal. Bastó que en esos años personajes relevantes de la vida política o económica empezasen a desfilar por los juzgados de instrucción para que un debate hasta ese momento jurídico, procesal, recalase en los medios de comunicación y fuese objeto de controversia política. Va de suyo que esas dudas no eran inocentes, ni formaban parte de debate científico alguno: si se ponía en duda la idoneidad del juez de instrucción para investigar delitos era porque ciertos jueces admitían querellas, procesaban o acordaban prisión de personajes relevantes. También fueron años en que empezó a cuestionarse la acción popular, porque si alguien era objeto de una querella y esa querella acababa prosperando, eso significaba que estaba al alcance de cualquiera sentar en el banquillo a algún personaje poderoso. Fue entonces cuando a la supresión del juez de instrucción se añadió la necesidad de eliminar la acción popular para que sólo pudiese acusar el Estado a través del Ministerio Fiscal, a quien se le debería atribuir el monopolio de la acción penal. Todo aquello pasó, aunque algunas reformas se hicieron para recortar el poder del juez de instrucción. De aquella época data la reforma que hace que el juez no pueda acordar la prisión provisional si no lo pide el fiscal o los acusadores.Estas semanas hemos visto cómo en un país de la Unión Europea –España– la izquierda radical ha protagonizado un levantamiento contra las instituciones, contra el Estado de Derecho. La causa, que el Tribunal Supremo admitiese a trámite tres querellas contra el juez Garzón, algunas promovidas por Falange o el «sindicato ultraderechista» Manos Limpias. Esa reacción es preocupante, pero hasta cierto punto. Más grave es que aquel discurso de los años noventa se haya retomado. Leo este titular de hace pocas semanas: «el Ejecutivo acelera para liquidar cuanto antes la acción popular». Se trataría de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de fin de año para que no se den más episodios como el de Garzón, es decir, que unos ciudadanos ejerzan la acción penal contra los criterios de la Fiscalía.Obviamente se trata de que la acción penal la monopolice un Ministerio Fiscal; más adelante se añadiría que también asuma la investigación penal. Con estas reformas no es difícil imaginarse el futuro. Con un Ministerio Fiscal gubernamental y una policía del mismo cariz, la persecución de los delitos sería otro ámbito más abierto a la politización, lo que tampoco es novedoso: la historia reciente muestra no pocas actuaciones del Ministerio Fiscal en exceso sometidas al principio de oportunidad más que a la defensa de la legalidad. Se ha dicho que todo se arreglaría con «otro Ministerio Fiscal», desvinculado del Gobierno, lo que sería un viaje a ninguna parte: para tener un fiscal instructor independiente ya tenemos al juez de instrucción. Si se dieran esos pasos, siempre quedaría la esperanza en que haya jueces independientes, garantes de los derechos de los ciudadanos, aunque tras el affair Garzón no está tan claro. Que entre sus fans haya gentes exóticas o que se celebren astracanadas puede ser hasta divertido: es propio de progres desubicados, nostálgicos, empeñados en bailar la yenka en su viaje del Inserso. Inquietan más algunas asociaciones de jueces y fiscales que sostienen que un juez no debe resolver conforme a Derecho, de ahí que su juez fetiche jamás haya prevaricado, porque lo propio de un juez es inventarse el Derecho. Someterse al Derecho –dicen– es propio de jueces acomodaticios, conformistas, sumisos al poder. Su modelo de juez fetén es el que resuelve desde «la libertad de interpretación judicial», el que hace de la Justicia «un espacio de creación» y actúa conforme a su «imaginación jurídica»: ya está, la imaginación al poder, pero Judicial. De nuevo Mayo del 68. Puro apolillamiento.Pues ahí puede estar el futuro de nuestras libertades: en manos de un fiscal gubernamental que dispone qué es delito y qué no, a quién se persigue y a quién no; una Policía de cámara y de ese buen juez, cantautor de la Justicia, que compone sus propias melodías jurídicas, que resuelve lo que se le pasa por la imaginación o inspirado por algún alucinógeno ideológico. Nos estamos jugando no mucho, sino todo, porque más que en ir a votar cada cuatro años, de estas «minucias» depende el ser o no ser de una democracia, de un sistema real de libertades.