El Tribunal de Cuentas pide que se regule el uso de aviones oficiales

El Tribunal de Cuentas ha pedido que se regule el uso de medios oficiales de transporte en actos de campaña electoral. No menciona a Zapatero, ni al Falcon que utilizó el presidente durante las últimas elecciones europeas para participar en varios mítines del PSOE. Pero es obvio que el informe del máximo órgano fiscalizador del Estado emite esta recomendación al hilo de la denuncia que hizo el PP en 2009 cuando el secretario general de los socialistas acudió a algunos actos de campaña en un avión de las Fuerzas Armadas, y el PP presentó un recurso ante la Junta Electoral en plena campaña.Dicho esto, si Zapatero debe darse por aludido, la recomendación es extensible al resto de cargos políticos, ya que los portavoces parlamentarios también se desplazan habitualmente a actos de partido en los coches oficiales que pone a su disposición el Congreso en razón de su cargo parlamentario. Si hay que separar la labor institucional de la de partido, habrá que hacerlo en todos los casos.La sugerencia del Tribunal de Cuentas aparece en un informe que acaba de remitir a las Cortes Generales sobre la contabilidad de los partidos que concurrieron a las elecciones europeas de junio de 2009, un tiempo en el que ya se hacían notar entre los españoles las consecuencias de la crisis económica. Pues aún así, sepan que las formaciones políticas gastaron casi 37 millones de euros en aquella campaña y, además, recibieron créditos bancarios por valor de otros 22,6 millones de euros. Aquellos préstamos fueron concedidos sin problema en pleno debate sobre la dificultad de crédito para empresas y familias. El PSOE fue la formación que más dinero invirtió en la campaña electoral al Parlamento europeo (8,6 millones en operaciones ordinarias y otros 5,3 en propaganda), seguido del PP, que gastó algo menos de ocho millones en actividad ordinaria y otros 5,3 en envíos publicitarios. Además el conjunto de las formaciones políticas recibió la nada despreciable cifra de 37.000 millones procedentes de donaciones de personas físicas o jurídicas. Aún así el Tribunal confirma que todos los partidos han cumplido con la obligación legal de presentar su contabilidad, y constata que ninguna ha superado los límites de gasto previstos en la ley. Eso sí, una vez más, el máximo órgano fiscalizador del Estado recuerda que algunas empresas no han remitido al Tribunal de Cuentas información detallada del importe que han facturado a los partidos políticos, pese a que no suman un porcentaje significativo.