Tras veinte días de juicio la fiscal pide ahora la lectura pública de miles de folios

Valencia- La falta de acuerdo entre las partes podría provocar un nuevo retraso en el «caso de los trajes». Tras un rifirrafe con los letrados de la defensa, la Fiscalía amenazó con que, si se producía la impugnación de alguno de los documentos que figura en la causa como prueba documental, pedirá que se proceda a su lectura en la sala. Se trata de 17 tomos de los 56 que componen la causa, y son los seleccionados para el procedimiento del jurado. La totalidad de los tomos suman 19.000 folios.
La advertencia de la Fiscalía se confirmará hoy, puesto que el magistrado Juan Climent suspendió la sesión para que las partes expongan los documentos que quieren exhibir.
La primera propuesta de la fiscal, Miriam Segura, fue dar por reproducida toda la documentación, con la excepción de la audición de seis conversaciones que, asegura, aún no se han escuchado en los 19 días que lleva en marcha el juicio. La acusación particular aceptó la propuesta, pero a las defensas de los imputados, el ex presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, no les resultó nada convincente.
El letrado de Camps, Javier Boix, advirtió de que esta opción podría provocar la impugnación de todo lo que no se lea o se escuche en la sala y, como el abogado de Costa, Juan Casanueva, insistió en la fórmula del «todo o nada». En este sentido, Boix insistió en que la ley no es clara en este punto y podrían impugnarse todas aquellas partes que no se exhiban o escuchen en la sala. Aun así, dijo que para hoy tendrá preparados los documentos que considera son necesarios para la deliberación del jurado y que los añadirá si la Fiscalía o la acusación particular no los recogen en sus propuestas.
A pesar de que el juicio comenzó con la previsión de que las declaraciones finalizasen el pasado día 23 de diciembre, hoy se cumplirá la vigésima sesión.
A Camps y Costa se les juzga por un delito de cohecho impropio pasivo. Están acusados de haber recibido regalos de Orange Market por valor de 4.021 euros y de 7.325 euros, respectivamente. La Fiscalía pide para ellos una multa de 41.250 euros.
La fase pericial se cerró ayer con la declaración de un funcionario de Economía. Alegó que se fraccionaron contratos públicos a los que accedieron las empresas de la trama, aunque admitió que ni Camps ni Costa los autorizaron.