La economía sumergida sale «ilesa» del fisco

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, calificó ayer de «exagerada» la cifra del 20% en la que cifró hace unos días el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, la economía sumergida. Una vez más un ministro de Trabajo –anteriormente lo hizo Celestino Corbacho– da cifras de economía irregular que el Ministerio de Hacienda no quiere confirmar. La economía sumergida sigue siendo el principal caballo de batalla de la Agencia Tributaria y en su Plan General de Control Tributario de 2011 vuelve a ser uno de sus objetivos prioritarios. Según recoge el plan, publicado en el BOE el pasado lunes, se perseguirá a las personas que no declaren las rentas percibidas y que además puedan estar percibiendo prestaciones asistenciales en materia de desempleo o de la Seguridad Social. Sobre la polémica que ha desatado esta medida, Ocaña explicó ayer que la intención de Hacienda es reducir la economía sumergida y «no ir en contra de los parados».

La Agencia Tributaria recaudó en 2010 un 23,7% más respecto a 2009 por actuaciones de prevención y lucha contra el fraude hasta los 10.043 millones de euros, según datos presentados ayer por el director de la propia agencia, Juan Manuel López-Carbajo y Carlos Ocaña. De esta cantidad,1.544 millones son regularizaciones voluntarias (38,9% más), de los cuales 600 millones proceden de las declaraciones extemporáneas de 700 titulares españoles con cuentas en el HSBC de Suiza, a quienes se abrió inspección el pasado año. La deuda media por contribuyente inspeccionado ascendió a 250.888 euros, un 43,9% más.
Grandes contribuyentes

El principal incremento de la recaudación se debió en 2010 a los resultados provenientes de actuaciones de control de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que supone el 25% de los 10.043 millones recaudados. Creada en 2006, esta delegación gestiona la relación con aquellos contribuyentes que tienen una facturación superior a los 100 millones de euros. La media de deuda descubierta, que no ingresada, en el caso de las grandes empresas –suponen entre el 1% y el 2% de las inspecciones– fue de 4 millones de euros. En 2010 se inspeccionó a 5.809 contribuyentes del sector inmobiliario, un 16,5% menos que en 2009, mientras que la deuda descubierta en este sector ascendió un 19%, hasta los 1.735 millones de euros. Ocaña señaló que si la persecución del fraude inmobiliario consumía el 40% de las actuaciones en los años del «boom», actualmente sólo requiere algo más del 20%, prácticamente la mitad. Como novedad en la campaña de renta para este año, desde el 4 de abril se podrá confirmar el borrador y descargarlo sin el certificado de usuario.