La Junta plantea un nuevo tributo a la producción nuclear en la Región

valladolid- La decisión del Gobierno de la nación de que la central nuclear de Santa María de Garoña continúe abierta hasta el año 2019, propiciará que la Junta de Castilla y León recaude catorce millones anuales. Así lo señalaba la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, al anunciar que el Ejecutivo regional va a proponer al Consejo de Gobierno la implantación de un impuesto medioambiental que grave la energía nuclear, que afectaría a la central burgalesa, y que supondría unos ingresos extras a la Comunidad, siguiendo el criterio establecido ya en la Comunidad de Extremadura.

Del Olmo señaló que la nuclear es un tipo de energía que pagará impuestos como el resto de las que ya se encuentran incluidas en la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, pero que se incluirá a través de una norma similar, antes de dos meses. De esta manera, la única energía que quedará sin gravar será la «térmica», explicaba la consejera alegando que «genera mucho empleo en Castilla y León y procede de un bien que hay que proteger y potenciar», dijo.

«No va a ser un impuesto confiscatorio», señalaba la consejera de Hacienda y, por ello, indicaba que la recaudación sólo alcanzará los catorce millones de euros, lejos de los 70 barajados en los últimos días por partidos de la oposición.

Precisamente en el día de ayer, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, mediante una resolución publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE), daba a conocer las ayudas concedidas para actuaciones de reindustrialización durante el ejercicio 2011. La provincia de Burgos recibirá 22,5 millones de euros, de los que 18 irán destinados de forma específica a la zona de influencia de la central de Garoña.

El pasado viernes, el Consejo de Seguridad Nuclear emitía un dictamen en el que concluía que «no existe ningún impedimento» para alargar la vida de la planta nuclear, tanto desde el punto de vista de «seguridad» como de la «protección radiológica».

Garoña es la central más antigua y la más pequeña de España y, se ha convertido en los últimos meses, en la más mediática, desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero planteara su cierre en 2009, cierre que ahora se revoca por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La producción anual de la central es de aproximadamente 4.000 millones de kWh, un 7 por ciento de la electricidad de origen nuclear y un 2,5 por ciento del total de producción eléctrica anual en España y su producción serviría para abastecer las necesidades de energía eléctrica de más un millón de españoles al año.