Medidas económicas

Cierra finalmente el colegio cuyos bienes se embargaron con alumnos dentro

El colegio Santa Illa School, cuyos bienes fueron embargados el pasado mes de febrero mientras los alumnos permanecían en las aulas dando clase, ha tenido finalmente que cerrar porque no ha pagado su deuda con la Seguridad Social y dado que el Ministerio le dio de plazo hasta el mes de junio para que los estudiantes pudieran terminar el curso con normalidad.

Fuentes cercanas al centro han explicado a Europa Press que durante estos meses en que el colegio ha permanecido abierto la deuda ha permanecido como estaba y que los propios profesores, conscientes de la posibilidad del cierre, han estado estudiando distintas actuaciones para seguir con el proyecto adelante.

Después de que algunos de ellos hayan perdido sus puestos de trabajo, han decidido intentar juntarse en una cooperativa y abrir un nuevo centro en la zona con el mismo proyecto para dar continuidad a los alumnos. No obstante, también son muchos los padres que han pedido información en otros colegios de la zona para escolarizar a sus hijos.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social han señalado a Europa Press que en relación al expediente abierto por la Unidad de Recaudación Ejecutiva a día de hoy no hay novedades desde el punto de vista jurídico y que la deuda asciende a 1,15 millones de euros.

CONFLICTO CON LA SEGURIDAD SOCIAL

El embargo de los bienes del centro fue centro de polémica puesto que los padres denunciaron que se había hecho con los alumnos delante mientras estaban sentados en los mismos pupitres.
Más por las formas que por el hecho de existir la deuda, que ya conocían, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) explicó que todo había sido consecuencia de las reiteradas negativas de la sociedad anónima a buscar una solución y que ya negó en 2010 el acceso a sus instalaciones a técnicos de la Administración.

Por este motivo, la Seguridad Social solicitó autorización judicial para acceder a las dependencias y embargar los bienes, "en cumplimiento del artículo 102 del Reglamento"y el 23 de enero de 2012, el Juzgado competente autorizó el embargo concediendo un mes para la entrada al centro de los agentes judiciales.

Este plazo se cumplía el jueves, día que se produjo el embargo, y aseguraron que "tanto los trabajadores como el administrador de la empresa estaban en preaviso de que se agotaba el plazo legal y convinieron en evitar el desconcierto entre los usuarios, que supuestamente iban a ser informados de estas novedades".

Después de que el viernes se suspendiera la retirada de los bienes y regresara todo el material del depósito de Coslada a donde se había llevado, los profesores celebraban "contentos"esta decisión porque el lunes podrían volver a las clases con su propio material --habían alquilado ya muebles por si acaso--.

Finalmente, el alquiler se anuló y pasaron todo el fin de semana trabajando para recolocar cada mueble en su sitio. Es por esto que el director técnico del centro, Manuel Díaz, reconociera que aunque se volviese a las clases, se tardaría un día o dos en recuperar la total normalidad, que ha reinado hasta final de curso.