El cerrojazo del Gobierno a Garoña deja a mil trabajadores en la calle

 La sentencia de la Audiencia Nacional desestima el recurso de Nuclenor y de la Junta de Castilla y León y es clara en sus valoraciones sobre el cierre de la central nuclear de Garoña en 2013: «En la orden ministerial han intervenido legítimas razones de política energética del Gobierno», reza la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la AN. Los 54 folios dejan claro que la central burgalesa debe cerrarse dentro de dos años, tal como promovía el Ministerio de Industria. El auto, además de fijar la fecha límite para el funcionamiento de sus instalaciones, da vía libre al Gobierno para cerrar una central a pesar de la aprobación técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de los estudios ambientales favorables, ya que «no es necesario someter el pronunciamiento a la evaluación de impacto medio ambiental», añade el dictamen.

Los expertos tachan la sentencia de irracional. «La central está en muy buenas condiciones y si se siguiera la tendencia internacional, su vida útil se podría alargar hasta los 60 años», explica Javier Díez, ingeniero nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña. Así lo aseguran las distintas inspecciones que el CSN le ha realizado a al central y que ha hecho que se inviertan más de 155 millones de euros en sus más de 2.500 modificaciones a lo largo de los últimos veinte años. Su aportación al 17 por ciento de la energía total que producen las seis centrales que funcionan en España, así como su correcto funcionamiento, promueven la desconfianza sobre el verdadero motivo del cierre. «Es una decisión totalmente ideológica y que ha promovido Industria para poder arañar más votos», asegura Díez.
Valoración en la que coinciden varios organismos. El portavoz del PP en el Congreso en Energía Nuclear, Javier Gómez Darmendrail, afirmó que «no hay ningún problema técnico» para el cierre de la central, y que «finalmente, una decisión política se puede revocar por otra».

Elías Fernández, jefe de Relaciones Exteriores de Garoña, lo confirma: «La decisión es revocable si en las próximas elecciones cambia el signo político. Aun así, vamos a recurrir la sentencia». A su recurso se suma el de la Junta de Castilla y León y el de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). A ellos se une el descontento y la «preocupación» del alcalde del Valle de Tobalina –municipio donde se ubica la central–, Rafael González Mediavilla. Su descontento es comprensible ya que Garoña proporciona empleo a más de 1.000 trabajadores. El pasado mes de mayo, en el proceso de parada de la central para efectuar su recarga participaron 1.622 personas, de las que, más del 50 por ciento son jóvenes menores de 35 años. «Nos ha sorprendido a todos, nos parece una decisión politizada ya que el CSN ha dado el visto bueno a nuestras instalaciones. La gente está muy preocupada, aunque no perdemos la esperanza», añaden desde Nuclenor. En 2009, el que hoy es secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, cifró en más de 1.000 millones de euros el coste de la central en un informe para su evaluación. A este número hay que añadirle el coste del despido de todos sus trabajadores. Sin embargo, la sentencia tampoco apoya la petición de Endesa e Iberdrola, propietarias de la mitad de Garoña, por la que solicitaban una indemnización de 1.500 millones de euros.

Los costes del cierre de esta central además de humanos y económicos son energéticos, ya que reducir los watios que produce hoy la energía nuclear «elevará el coste de la energía eléctrica y España perderá competitividad con respecto al resto de países de la Unión Europea. El cambio de política energética por parte del Ejecutivo y su apuesta por las renovables «es muy costoso, ya que estas energías son poco competitivas y no garantizan el suministro», añade el ingeniero nuclear.

El Foro Nuclear añade dos consecuencias más a la clausura de la central de Burgos: se incrementarán las importaciones de materias primas energéticas en unos 2,5 millones de barriles de petróleo al año y aumentarán las emisiones contaminantes en España en tres millones de toneladas de CO2 anuales. «Es, por tanto, un despropósito prescindir de esta instalación que funciona con plenas garantías de seguridad», concluye María Teresa Domínguez, la presidenta de este organismo.

En septiembre,Garoña y el resto de centrales presentarán sus informes sobre los test de estrés que el CSN ha impuesto paralelamente al resto de países europeos a causa del desastre de la central de Fu-kushima. «Que nuestro reactor sea hermano del japonés también nos ha perjudicado de cara a la opinión pública», subraya Fernández.