El Ministerio de Trabajo revisará los ERE que cofinanció con la Junta

Sevilla- «Con Tragsa, Boliden o la franja minera de Huelva hicimos acuerdos con el Ministerio de Trabajo, mediante los cuales las dos partes cubrimos los costes. También intervenimos en Delphi o en la caída del sector de Jerez con las bodegas». Son palabras de la declaración del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial, con las que confirmó que algunos de los expedientes de regulación de empleo que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla contaron con financiación del Gobierno central a través del Ministerio de Trabajo.

Por ese motivo, el actual responsable del departamento, Valeriano Gómez, confirmó ayer en Sevilla que van a analizar los ERE en los que aportaron recursos públicos por si el dinero se utilizó de forma irregular.

El ministro citó el ejemplo de Minas de Río Tinto, donde distintas informaciones apuntan a que varios trabajadores accedieron a la prejubilación tras falsear la vida laboral, beneficiándose de manera fraudulenta de las ventajas del estatuto de la minería.

El engaño puede ser múltiple. En el caso de que afecte a percepciones cobradas indebidamente del Instituto Nacional de Empleo o de la Seguridad Social «serán los tribunales de lo Social los que decidan».

Otro caso distinto es aquellas personas beneficiarias de una póliza de seguro vinculada a un expediente de regulación de empleo en el que figuran de manera ilegal y financiada con dinero público. Esas cantidades sí se pueden reclamar y la Junta ya ha dicho que tratará de que se devuelvan. La investigación interna del Ministerio tendrá que desvelar si parte del dinero se ha desviado con este objetivo.

Hoy está previsto que el PP pregunte en el Senado sobre este asunto tanto a Valeriano Gómez como a Manuel Chaves. Alicia Sánchez Camacho interrogará al ministro de Trabajo «por las acciones que va a emprender su departamento contra los preceptores de prestaciones indebidas que han sido incluidas fraudulentamente en los ERE», mientras que Rafael Salas pedirá al vicepresidente tercero que explique si ha existido «la suficiente coordinación» entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía a fin de detectar las irregularidades encontradas en los ERE.

Por su parte, la Junta aún sigue revisando «a toda máquina» los 15 ERE «vivos» –por los que aún está pagando las pólizas correspondientes– por si existieran nuevos intrusos percibiendo cantidades que no les corresponden.