Cuestiones graves

Si la corrupción continúa, si no institucionalizada, prácticamente generalizada y la inseguridad jurídica constituye una probabilidad permanente, España tendrá muchas dificultades de salir de la crisis y estar a la altura de los países desarrollados. He puesto dos ejemplos, pero hay más. Son problemas que han dañado nuestra imagen. Si normalmente una autopista, un colegio o un hospital resultan más caros por ejecutarse con dinero público, la austeridad y el freno al gasto se hacen inviables. No soy yo el que desvela estas lacras. Lo hizo un ministro de Fomento, José Borrell, cuando reunió a los empresarios de obras públicas y comunicó que ya no debían pagar porcentaje por las adjudicaciones. También lo denunció un jefe de Gobierno, Pasqual Maragall, cuando acusó, nada menos que en el Parlamento autonómico, a Artur Mas de que su partido, CiU, había cobrado el tres por ciento de todas las adjudicaciones durante casi 25 años. Y no pasó nada. Ni se movió el fiscal ni nadie. Los inversores se asustan si, al comprar un piso en la playa, no tienen la seguridad de su propiedad o, si quienes meten dinero en fotovoltaicas, sienten la amenaza de cambiarles la ley y perder. Legisladores, políticos, empresarios … tienen responsabilidad seria, pero también los ciudadanos. ¿Por qué van a dejar esas conductas si, después, no lo pagan en las urnas ni ante la Justicia? Recuerdo cómo en la transición la polémica para que un político dimitiera se centraba en la simple sospecha de haber faltado, después cuando fuera imputado, más tarde cuando fuera condenado. Ahora, los condenan y medio partido y unos cuantos ciudadanos los acompañan con aplausos hasta las puertas de la cárcel. Así es la vida.