Mordaza ante los puntos negros

MADRID- Lo que para los agentes de algunos de los subsectores de tráfico era, hasta ahora, una orden que se transmitía de forma verbal y que escuchaban por boca de sus superiores, lo ha puesto por escrito el jefe provincial de Tráfico de Zamora, Miguel Moreno, quien ha remitido una carta al capitán jefe de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora para que ordene a los guardias civiles que «no denuncien las anomalías de las vías».

El escrito lo remitió después de que llegaran a su jefatura dos denuncias de dos agentes por una señalización deficiente. En concreto, una de ellas se refería al deterioro de una señal en la A-6 y otra a la falta de señalización de un badén existente en la A-66. «Ruego que en futuras ocasiones no se denuncien este tipo de anomalías y se elabore un informe para su posterior traslado desde esta jefatura al titular de la vía, instándole a la reparación o instalación correspondiente... Le ruego que comunique a los agentes el procedimiento indicado», expone la carta fechada el 20 de septiembre pasado.

Sólo un informe
Tal y como aparece en el escrito, la alternativa que le queda al agente cuando detecta alguna anomalía en la carretera que afecte a la seguridad vial es la de elaborar un simple informe que luego la jefatura de tráfico correspondiente puede remitir a la Administración afectada, en este caso, al Ministerio de Fomento. Sin embargo, sucede que a veces estas deficiencias tardan años en subsanarse, sin que el funcionario responsable ni la Administración son sancionados. De hecho, se calcula que las jefaturas de tráfico en los últimos años han recibido centenares de denuncias de agentes sobre el mal estado de las carreteras y el resultado es que los denunciantes han sido apercibidos, expedientados, o incluso han sufrido mobbing, según han denunciado fuentes del sector consultadas por LA RAZÓN.

Así, se da la circunstancia de que un conductor puede ser multado por un exceso de velocidad o por no llevar puesto el cinturón, pero la Administración y, en última instancia el funcionario responsable, o el trabajador de una contrata o subcontrata, queda impune ante las deficiencias que pueda presentar la carretera y que ponen en peligro al conductor.

Por poner un ejemplo, un ciudadano que arranca una señal de tráfico puede ser multado con 198.000 euros, mientras que un ingeniero que deja sin señalizar un cambio de rasante no tiene ningún tipo de sanción.
Sin opción en la PDA
Las mismas fuentes han explicado que una denuncia formulada por un guardia civil por el mal estado de una vía se remite al centro automatizado de gestión de multas de León, después va a parar a la jefatura correspondiente para que se inicie el procedimiento sancionador, aunque en la práctica no se produce sanción alguna. Incluso, algunos agentes manifestaron a LA RAZÓN que la PDA o sistema «Pridee» con el que cuenta la Guardia Civil para denunciar incluye en su base de datos todas las infracciones codificadas, excepto las que afectan al mantenimiento de la vía que «hay que meterlas a mano, no están automatizadas, como las otras». Resulta llamativo el hecho de que las propias normas de funcionamiento interno de la de la Guardia Civil impidan denunciar el estado de conservación y mantenimiento de la vía y sólo permitan elaborar informes. En concreto, establece que cuando se den estas circunstancias, «los jefes de subsector las pondrán en conocimiento de las jefaturas provinciales de tráfico a fin de que éstos realicen las gestiones que procedan, bien directamente ante los responsables de los organismos implicados o a través del delegado o subdelegado del Gobierno, o incluso a través de la Dirección General de Tráfico para su debate ante el Ministerio de Fomento».

Sin embargo, esta normativa interna de los agentes de tráfico entra en colisión con la Ley de Seguridad Vial, que obliga a la Administración a mantener las carreteras en el mejor estado posible para la circulación y a instalar las señales y marcas viales adecuadas. También prevé sanciones.

Incluso hay más legislación que obliga a los agentes a denunciar «todas» los incumplimientos que vean. Así, el Real Decreto 320/94 regula en el artículo 4 que «los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia».