Los desalojos por Carmen Gurruchaga

Los desalojos de sus viviendas de quienes han dejado de pagar la cuota del préstamo hipotecario se han convertido en el mayor drama social que tiene España en este momento y ha tenido su máxima expresión en los suicidios de dos personas cuando iban a ser expulsadas de sus casas. Es un asunto que venía coleando desde la anterior legislatura y que el PSOE no supo apreciar en toda su intensidad. Después, el PP trató de afrontarlo al llegar al Gobierno cuando en marzo aprobó el Código de Buenas Prácticas para que los bancos aceptaran la dación en pago en casos concretos. No ha resultado eficaz porque su vinculación era voluntaria y porque la bola era ya demasiado grande y los casos muy diferentes unos de otros, con lo que la dación no los solucionaba. En cualquier caso, estamos viendo un drama real que exige una solución inmediata, que no puede demorarse. Pero mientras esta llega, se impone detener todos los desahucios de vivienda única, así como aquellos que afecten a los colectivos más vulnerables y que son las familias con menores o mayores a su cargo. A partir del lunes, PP y PSOE pactarán una propuesta consistente en obligar a los bancos a aplicar periodos de carencia en los casos más graves. El Gobierno podría regular las cláusulas abusivas que contienen los contratos hipotecarios en España. Según el TSJ de la UE, la ley no garantiza la protección de los consumidores frente a estos abusos, al permitir la pérdida de la propiedad y el desalojo antes de que la persona afectada pueda ejercitar una acción por daños y perjuicios. Resulta paradójico que las entidades que realizan mayor número de desahucios y que adoptan posturas menos flexibles con el prestatario son las que han sido nacionalizadas con el dinero procedente de los impuestos de todos los españoles.