Sindicalistas salvajes

Por segundo día consecutivo, más de dos millones de madrileños sufrieron ayer los efectos de una huelga salvaje de Metro que no ha respetado los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo, ha violentado el derecho de los trabajadores a acudir a sus puestos laborales y ha alterado gravemente la vida ciudadana. La conducta de los liberados y piquetes sindicales de UGT y CC OO ha sido violenta e intimidatoria, como ya sugerían las soflamas de los sindicalistas que amenazaron el martes con «reventar Madrid». De hecho, cuatro trabajadores que querían cumplir con su deber fueron brutalmente agredidos por los matones sindicales. La huelga seguirá hoy y mañana, y se suspenderá el fin de semana por dos motivos: para no entorpecer la fiesta del orgullo gay y porque perderían los elevados pluses que cobran en días no laborales. Al margen de que la fiesta gay les merezca más consideración que el trabajo de cientos de miles de ciudadanos, a los que han tomado como rehenes, lo cierto es que la conducta inaceptable de los burócratas sindicales pone de manifiesto la urgente necesidad de desarollar una ley de huelga que impida el abuso y el matonismo como en estos días. El derecho a la huelga nada tiene que ver con la coacción y la desmesura, y debe armonizarse con el derecho que asiste a los trabajadores y a los consumidores. Tampoco es admisible que se recurra a la huelga salvaje con fines políticos, como es el caso. El Gobierno de Esperanza Aguirre no ha tomado ninguna decisión que no esté en consonancia con el recorte decretado por el Gobierno de Zapatero de rebajar un 5% el sueldo de los funcionarios y empleados públicos. En otras comunidades, como Cataluña y el País Vasco, también se han aplicado los mismos recortes salariales, pero ningún sindicato ha convocado ninguna huelga salvaje. ¿Por qué en Madrid? Porque en la Comunidad madrileña gobierna el PP, ni más ni menos. Ése es también el motivo por el que alguna destacada miembro del Gobierno de Zapatero ha arremetido contra Aguirre, en vez de ponerse a su lado y frente a la manifiesta ilegalidad sindical de no respetar los servicios mínimos. Resulta hipócrita exigir a las autonomías que secunden el plan de recortes del Gobierno y, al mismo tiempo, criticar a la presidenta madrileña por hacerlo. No están los tiempos ni la maltrecha economía para caer en demagogias políticas ni sindicales, porque sólo se podrá salir de la crisis si todos los actores públicos actúan en la misma dirección. No parece que sea ésa la preocupación de los actuales dirigentes de UGT y CC OO, que han llevado a sus sindicatos al mayor desprestigio y desafección social en 30 años de democracia. Nunca antes, como en estos días de huelga salvaje, se había detectado una indignación tan intensa y generalizada contra los sindicalistas, que son vistos como burócratas privilegiados cuya máxima preocupación es defender su ventajosa posición salarial. Tras haber contribuido, con su apoyo cómplice al Gobierno, al desastre económico y laboral, los sindicalistas pretenden ahora lavarse las manos manchadas organizando huelgas salvajes contra una presidenta regional del PP.