Acuerdo por la confianza

El Gobierno anunció ayer un principio de acuerdo con los sindicatos y los empresarios sobre la reforma de las pensiones. Zapatero solventó los aspectos más espinosos de la negociación en una cena con los líderes sindicales que se prolongó hasta la madrugada. El resultado ha descafeinado el proyecto inicial del Gobierno que fijaba la jubilación obligatoria y generalizada a los 67 años. La necesidad del presidente de presentar a la sociedad un pacto con los agentes sociales, especialmente con los sindicatos, provocó que esa frontera de los 67 años se transformara en no forzosa ni innegociable. Y así se plasmó en el premonitorio voto particular pactado por PSOE y CiU al Informe de Recomendaciones del Pacto de Toledo. El acuerdo con los agentes sociales contempla un marco flexible y con muchas excepciones, como querían los sindicatos, en el que se establece la jubilación a los 65 años con 38,5 años cotizados y no los 41 de la propuesta inicial del Gobierno. Habrá condiciones particulares también para trabajadores con oficios penosos. Finalmente, para jubilarse con la pensión íntegra a los 67 años, habrá que sumar una cotización de 37 años. Y todo ello a partir de 2027. El periodo de cómputo de las pensiones tendrá en cuenta los últimos 25 años de vida laboral en lugar de los 15 actuales. Los sindicatos han logrado que los periodos transcurridos como becarios o el tiempo dedicado al cuidado de un hijo tras su nacimiento sumen hasta dos años cotizados. El compromiso tiene la virtud no sólo del consenso generado en un reforma fundamental, sino que actúa contra la crisis de confianza y de crédito. Otra cosa es que esta reforma garantice por sí sola y para siempre la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es lo que estaba en cuestión. Se han adoptado cuidados paliativos a largo plazo, pero hay que curar una patología afectada por la masiva destrucción de puestos de trabajo, que reduce las cotizaciones, y una baja demografía que impide el relevo generacional, imprescindible para soportar nuestro modelo de reparto. Por tanto, hay que felicitarse por el pacto social alcanzado, pero conviene no equivocar el diagnóstico ni las necesidades de futuro. La revisión periódica de los parámetros del sistema será casi obligatoria para acometer las modificaciones precisas. Y, sin embargo, todo ello servirá de poco si el país no crea el trabajo suficiente, porque el futuro de las pensiones depende sobre todo del empleo, y no al revés. Aunque el Gobierno tiene razones para sentirse satisfecho porque ha logrado evitar un escenario de conflicto social, ha cumplido con la Unión Europea y ha mandado una señal positiva para los mercados, la reforma de las pensiones sólo es un paso para solucionar la crisis, que depende de otras variables. El acuerdo con los agentes sociales, bien recibido en general por los grupos políticos, y el compromiso de los partidos plasmado en el Informe de Recomendaciones del Pacto de Toledo conforman un marco que va en la dirección correcta. Se recortan las pensiones para salvar el sistema. Un sacrificio relevante por un bien superior, al que muy probablemente seguirán otros.