El fiscal insiste en que el testimonio de Camacho es innecesario en el «caso Faisán»

Así lo expone el fiscal Carlos Bautista en un informe, en el que pide que se rechace el recurso de la asociación Dignidad y Justicia contra la decisión del juez Pablo Ruz de citar al número dos de Interior, desde cuyo teléfono se hicieron llamadas a los imputados por el "chivatazo", al estimar que su testimonio sería "irrelevante".

Para el fiscal, las llamadas de Camacho "obedecen a la lógica y natural relación diaria entre órganos directivos ministeriales y son ajenas al contexto de circunstancias de tiempo y lugar en el que se desarrollan los intercambios de llamadas de los imputados", el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo, el Jefe Superior de Policía del País Vasco y un inspector de Álava.

"Máxime", añade, cuando estas llamadas se producen en las fechas en las que se está desarrollando una operación antiterrorista contra el aparato de extorsión de ETA "de la que, necesariamente, el secretario de Estado de Seguridad debe estar al corriente".

"Hasta tal punto es así -insiste- que nunca el equipo investigador sintió la necesidad de reseñar las llamadas en los sucesivos informes"presentados en esta causa.

Por ello, cree que la resolución de Ruz en este sentido está suficientemente motivada, "no siendo arbitraria ni irrazonable la denegación de las diligencias de investigación solicitadas".

Ruz optó por no llamar a declarar al secretario de Estado tras identificar a los usuarios de tres teléfonos del Ministerio del Interior -uno de ellos el de Camacho- desde los que los imputados recibieron llamadas antes y después del "chivatazo".

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no se ha opuesto a que declare como testigo el jefe del equipo que iba a realizar en 2006 la operación policial contra la red de extorsión de ETA, y al que después se ordenó investigar el "chivatazo"que la frustró, pero ha aconsejado a que se haga en un "momento posterior".


Así lo ha anunciado el fiscal Carlos Bautista en el escrito que ha presentado esta mañana en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de este tribunal en relación a las solicitudes realizadas por las acusaciones populares, ejercidas por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Entiende el fiscal que la declaración de Germán "puede ser pertinente y necesaria", pero sostiene que "la prudencia aconseja su ejecución en un momento posterior, debiendo esperarse a la práctica de todas las diligencias pendientes".

En concreto, especifica el escrito, las relacionadas con la pieza declarada secreta por el juez, en las que figuran 9 de los 645 folios remitidos por la magistrada francesa Laurence Le Vert acerca del "chivatazo"que se produjo el 4 de mayo de 2006 y un informe ampliatorio aportado por Germán sobre la investigación realizada por su equipo, a los que sólo tiene acceso el Ministerio Público.

También cree que debe posponerse la declaración testifical de Gaermán ya que en la causa "se van aportando informes del equipo investigador que, por su contenido, resuelven muchas de las cuestiones que pudieran plantear las partes".

Por el contrario, Bautista se ha opuesto a que el magistrado celebre un careo entre Germán, y su superior, el responsable de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José Cabanillas, al entender que, a la vista de la jurisprudencia y de la experiencia práctica, "acredita la escasa o nula utilidad de los careos".

Más aún, subraya el fiscal, "habiéndose practicado o estando pendientes de practicar diligencias que puedan solventar las aparentes contradicciones entre uno y otro", unas pruebas que, a su juicio, "sí tienden"a comprobar "de forma directa"la existencia del delito y la implicación de los imputados.

Esta petición de Dignidad y Justicia surgió a raíz de la declaración que prestó la semana pasada Cabanillas señalando que Germán, al que se ordenó investigar el "chivatazo", trató de borrar una conversación captada por la baliza de sonido que el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, llevaba oculta en su coche y en la que contaba a su yerno que un policía le había dado un teléfono y otro le advirtió de la operación.

Para el fiscal, las manifestaciones de Cabanillas "se limitan a cuestionar determinados aspectos que son muy colaterales y accesorios"para la investigación de la causa.

Sobre la petición del Jefe Superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés -uno de los tres imputados en la causa- de dejar sin efecto las diligencias realizadas ahora por Germán y su equipo, el fiscal se muestra contrario y considera que sólo si llega a la fase de juicio oral, se podrían llamar como testigos a los miembros del equipo investigador para analizar su "interés directo o indirecto".

También se ha opuesto a que declaren los agentes del Área de Especial Seguimiento (AES) de la Comisaría General de Información, que tenían encomendado el control y vigilancia de las cámaras puestas en las dos entradas del Faisán para poner "sus medidas de vigilancia", los cuales, según lo declarado por Cabanillas y otros funcionarios policiales, fueron retirados de allí por Germán.

Según el escrito del fiscal, estos agentes dejaron de prestar esa cobertura "antes del mes de mayo de 2006"y fueron los propios equipos de la Sección de Economía de la Comisaría General de Información los que realizaban "en exclusiva"el control y vigilancia de las puertas del bar "con mucha antelación a la fecha de los hechos".