Algo más que Hércules por Enrique López

Hoy en día, muchos creen encontrar en nuestro modelo de Estado uno de los principales problemas que están lastrando el desarrollo económico. Algo de razón no les falta, pero, admitiendo las disfunciones que ha generado, resulta muy reduccionista. Esta situación provoca un debate permanente sobre el mismo. Debemos recordar que nuestra Constitución no construyó este modelo de Estado compuesto como un Estado nuevo a partir de entidades estatales preexistentes, que ceden a la Federación una parte del poder que hasta ese momento tenían. Lo que ha producido es la creación de entes territoriales con autonomía política, a fin de distribuir entre ellos una parte de las potestades que en el Estado unitario ejercían en exclusividad los poderes centrales. Ahora bien, no se creó un modelo cerrado, sino uno totalmente abierto y éste es su rasgo más característico. Tal apertura se concreta en la posibilidad que el sistema ofrece a las comunidades autónomas de acometer la reforma de sus estatutos. Los límites de la apertura posible son, en principio, los establecidos por las competencias exclusivas del Estado que enumera el artículo 149, aunque el artículo 150 crea una posibilidad de ir más allá de esos límites. No obstante, esta ampliación no puede ser impulsada a través del procedimiento de reforma estatutaria, sino de un acuerdo del propio Estado. Esto produce un problema. Este reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas no puede considerarse cerrado definitivamente, aun cuando los estatutos alcancen el techo establecido en la Constitución (todas las competencias no reservadas al Estado en exclusiva por el artículo 149.1), dado que puede resultar alterado por una atribución extraestatutaria de competencias a las comunidades autónomas. Esto hace que muchas voces se alcen hoy, pidiendo un cierre definitivo del sistema, que ponga fin a la actual situación de permanente apertura, de permanente reivindicación y, sobre todo, cuando se observa cómo algún responsable político autonómico-nacionalista confunde las relaciones CCAA-Estado con la relaciones ciudadanos-estado, creando falsos derechos territoriales al margen y prescindiendo del ciudadano. Dicho todo esto, no cabe duda de la necesidad de impulsar un auténtico pacto de Estado, similar al constituyente, para acometer una labor de cierre y racionalización del estado autonómico, teniendo en cuenta, sobre todo, las necesidades de los ciudadanos y no la de los políticos y territorios como si esto fuera la España de Felipe II. La mala situación económica persiste y es demoledora, y además no entiende de tiempos políticos. Los alemanes hicieron sus deberes en 2006 y no fue fácil. Mediante la Ley 52 de revisión constitucional de 7 de julio de 2006, su Constitución fue profundamente reformada en lo que se refiere al reparto de competencias entre la Federación y los Länder sobre tres ejes: un claro reparto de competencias legislativas entre la Federación y los Länder, la introducción del principio de diferenciación para permitir a los Länder ejercitar de modo asimétrico sus propias competencias legislativas en algunas materias (en España esto podría aplicarse a la Justicia, entre otras) y, en definitiva, la gran reforma, la reducción del peso del Bundersrat (cámara de representación de los Estados Federales-algo parecido a nuestro Senado) en el procedimiento legislativo federal, lo cual ha garantizado una mayor rapidez , eficiencia y responsabilidad de la acción del Gobierno. Es obvio que tal reforma no ha supuesto por sí misma una solución a la contracción económica que estaba padeciendo Alemania en aquel momento, pero, cuando menos, dejó de ser un obstáculo. Los problemas políticos y económicos no se solucionan sólo con reformas constitucionales. Es necesario un cambio de actitud de muchos responsables políticos y en España todavía queda mucho sectarismo. No pudiendo esperar una solución a una reforma de semejante calado, en nuestro país se ha emprendido otro camino: las reformas económicas y el desarrollo de la Ley de Estabilidad presupuestaria. Al final, el problema del desmedido gasto sanitario o educativo es igual en todas las CCAA, porque es sistémico, y las reformas constitucionales, lo más que pueden lograr, es que el modelo deje de ser un problema añadido, pero difícilmente serán una solución, si no se comienza a ejercer el poder con seriedad. El responsable político debe asumir que su obligación es evaluar y aplicar políticas públicas sobre la base de entender que debe existir una cuenta de resultados subyacente sometida a indicadores de eficiencia, y sobre todo la rendición de cuentas diciendo la verdad. Debe pensar a largo plazo, convertirse en un audaz estratega y no en un ramplón táctico. Además, debe saber gastar y no malgastar, de lo que en España sabemos mucho, y algo de todo esto ya se está haciendo. Estamos ante un momento histórico crucial, que necesita de personas con mucha altura de miras y no cortoplacistas que estén más a gusto en el monte de la irresponsabilidad. Precisamos de héroes en todos los ámbitos, Gobierno y oposición.