Cantabria
El caudillo venezolano acoge a etarras con más de 20 asesinatos a sus espaldas
Venezuela se ha convertido desde hace años en el nuevo «santuario» de ETA. Allí se refugian terroristas acusados de graves delitos. Entre ellos Miguel Ángel Aldana, «Askatu», Eugenio Barrutiabengoa y Juan Carlos Arriarán. El primero de ellos intentó, en abril de 1999, regresar a Francia para reincorporarse a la «dirección» de la banda
Fue arrestado en el aeropuerto de Caracas, ya que portaba documentación falsa. Hubiera sido el momento propicio para su extradición a España, solicitada en 1996, pero no pasó ni un mes arrestado. Peón de albañil de profesión, fue deportado a Venezuela en 1990 procedente de Panamá. En la Audiencia Nacional llegó a tener ocho sumarios abiertos ya que, policialmente, se le imputaba el asesinato de seis guardias civiles en la localidad de Ispaster; de un etarra al que consideraban infiltrado; del jefe de la Policía Municipal de Amorebieta; del encargado de aguas de la misma localidad; de un taxista en Yurre; del dueño de un bar en Lemona y del propietario de una joyería en Durango. También se sospechaba de su participación en el robo de 8.000 kilos de goma-2 en un polvorín de Cantabria.
Eugenio Barrutiabengoa, «Arbe», llegó a estar detenido en Venezuela en 1996, país al que había sido deportado en 1984 desde Francia. Fue arrestado por una orden de Interpol en la empresa Magefesa de Caracas, en la que trabajaba como jefe de almacén. Su detención duró menos aún que la de Aldana. Perteneció a los «Comandos Autónomos Anticapitalistas» de ETA y, entre otras acciones criminales, se le imputan el asesinato de un guardia civil y dos personas más en 1979; el del fotógrafo y militante del PSOE, Germán González; el de Jaime Arrese, de la UCD, en Elgoibar; el del delegado de Telefónica en Guipuzcoa; y el de un marinero en Fuenterrabía al atentar contra una embarcación de la Armada. En la Audiencia Nacional tenía 13 sumarios abiertos.
Juan Carlos Arriarán fue deportado a Venezuela en 1990, procedente de Panamá. En la Audiencia le constan, al menos, tres sumarios por asesinato, tenencia ilícita de armas y explosivos, estragos y colaboración con banda armada. Se benefició de la Ley de Amnistía de 1977, que puso en la calle a decenas de etarras. En 1979, perteneció al «comando Mugarra» y se le imputa su participación en el asesinato del sepulturero de Vergara, su localidad natal.
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