El TS ratifica la paralización del plan del Cabanyal ordenada por Cultura

El Ministerio dictó una orden el 29 de diciembre de 2009 declarando que la citada actuación urbanística, que prevé el derribo de viviendas para prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, constituía un acto de "expoliación"del patrimonio histórico, por lo que decretó su cancelación "inmediata".

El Ayuntamiento de Valencia interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la misma ante la Audiencia Nacional en el que pedía, como primera medida, su suspensión cautelar.

La Audiencia rechazó esta petición provisional -a falta de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión-, y el Gobierno local lo recurrió ante el Supremo, que ha ratificado su decisión.

Al igual que dictaminó la Audiencia Nacional, el Supremo mantiene que la orden es un acto de "carácter negativo"que obliga al Gobierno local a suspender el plan, y también cree que "no concurren los requisitos"para anularla.

Además, señala que el "interés general"en este asunto reside en la "conservación del interés cultural", y eso requiere que se mantenga la orden.

El consistorio no podrá reanudar las demoliciones
La sentencia impide al Ayuntamiento de Valencia reanudar las demoliciones de viviendas proyectadas por el plan e impone las costas de este recurso al consistorio, según precisa un comunicado del Ministerio.

La orden del Ministerio se basó en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en otra del Supremo que ratificaron la competencia del Estado en la protección del Patrimonio Histórico.

Entre otros puntos, esta orden declaraba la suspensión inmediata del plan hasta que el Ayuntamiento lo reformara para garantizar la protección de los bienes histórico-artísticos afectados.

También requería a la Generalitat para que suspendiera todas las actuaciones administrativas relacionadas con esta actuación urbanística.

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno autonómico presentaron una querella ante el Tribunal Supremo contra la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, al entender que cometió prevaricación con esta orden.