El Servicio de Apoyo Integral a hogares en riesgo de desahucio abre sus puertas

Valladolid- Castilla y León da un paso al frente por aquellas familias que peor lo están pasando en este momento. Y lo hace con un servicio práctico, el primero de este tipo que se pone en marcha en España, de Apoyo Integral a las Familias en Riesgo de Desahucio. Un asunto que no es baladí, si echamos un vistazo a los datos del pasado año, en el que en nuestro país se iniciaron 78.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, con resultado de más de 58.000 órdenes de desahucio. De manera que 1,23 de cada mil ciudadanos españoles han visto como se ponía en riesgo la permanencia en su domicilio. En Castilla y León las cifras son muy parejas, dado que en 2011 fueron 3.027 los desahucios programados. Una cifra que se va a superar en el año en curso, si nos atenemos a los datos del primer semestre, cuando se han contabilizado 2.297 lanzamientos hipotecarios.
De manera que, para frenar esta sangría de desahucios, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha impulsado un sistema único en el ámbito autonómico, que hoy mismo echa a andar para mediar en la renegociación de deudas con los bancos y habilitar medidas preventivas -como planes de economía familiar- o, en su caso, paliativas. Para ese extremo, se prevé la tramitación del subsidio autonómico denominado Renta Garantizada de Ciudadanía o del acceso a alquileres sociales.
De igual manera, se incidirá en la orientación laboral, a través del Servicio Público de Empleo, con el objetivo de buscar posibles salidas de este tipo a cada conflicto.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, remarcó que «no se busca ofrecer soluciones milagrosas, sino sentarse a ver la realidad de cada caso y aportar salidas». En este sentido, enumeró posibles alternativas como alquileres que computen como pago de hipoteca, la reestructuración del crédito, el ampliación de cuotas o la reducción de su importe. Se buscará, también así, «la mejor alternativa», entre las que no se descarta la fórmula de la dación en pago.
El objetivo, continuó Milagros Marcos, se centra en ofrecer un servicio unificado, un punto de referencia para esos hogares, plenamente integrados, que han visto cómo la coyuntura laboral y la rebaja o falta de ingresos dificultan gravemente o imposibilitan el cumplimiento de sus obligaciones respecto a deudas contraídas, en particular los préstamos hipotecarios. Así las cosas, se fija como puerta de acceso a este servicio el teléfono de atención al ciudadano 012, que derivará en las 24 oficinas de información de los 15 ayuntamientos más grandes de Castilla y León y las nueve diputaciones. Por parte de las instituciones de ahorro, se ha fijado un único intelocutor por entidad que llevará, de principio a fin, cada uno de los casos.
No obstante, se trabajará para incidir en estadios iniciales del programa, aportando información económica y sobre servicios sociales, en colaboración con las áreas de empleo y vivienda.
Implicación de la banca
En el programa trabajarán 76 técnicos ya integrados en los quince ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Comunidad -capitales, además de Ponferrada, San Andrés de Rabanedo, Aranda de Duero, Miranda de Duero, Medina del Campo y Laguna de Duero-, las diputaciones provinciales, la gerencia de Servicios Sociales, las consejerías de Fomento y Economía, el Colegio de Abogados y el de Registradores de la Propiedad, Cáritas y las diez entidades bancarias participantes. Éstas son: Banco Caja España-Duero, Banco Popular, Cajamar, Caja Rural de Burgos, Caja Laboral, Caixa Bank, Banco Santander, Banesto, Sabadell y Bankinter.
En el caso de los profesionales de las entidades locales, más de 50 trabajadores, todos ellos personal ya existente en otros programas de la Administración, han recibido en estas últimas semanas formación específica, a partir de la cual podrán diseñar, en coordinación con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, planes de economía familiar individualizados. Igualmente asesorarán sobre modos para controlar el gasto y, finalmente podrán derivar a esos servicios asistenciales propuestos para evitar el riesgo de exclusión social.
Cada institución aportará su granito de arena. Así, la Gerencia de Servicios Sociales, asumirá la Oficina central, que coordinará al resto de agentes. Las administraciones municipales pilotarán las oficinas locales, que darán respuesta directa a partir de los planes económicos o de apoyo profesional. Las áreas de Empleo y Vivienda de la Junta analizarán itinerarios de inserción laboral y políticas de apoyo, en cada caso. El sector financiero se compromete a una «colaboración mutua» para lograr el objetivo común. Cáritas arrimará el hombro para detectar posibles situaciones de riesgo. Y, finalmente, los colegios profesionales aportarán información y asesoramientos concretos.