El Tribunal de Cuentas avaló la financiación del PP valenciano

VALENCIA- La Sindicatura de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, auditorías y diferentes informes económicos han certificado con reiteración las actuaciones de la Generalitat valenciana y del Partido Popular de la Comunitat hasta confirmar no sólo la legalidad de la financiación de este partido en los procesos electorales sino que también inciden en que esta Comunidad es la que más rápido audita sus cuentas.En este sentido, fuentes de Presidencia de la Generalitat explicaron que las cuentas están perfectamente fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Además «es la Comunidad que más rápido audita sus cuentas (en diciembre ya están auditadas las del ejercicio anterior), mientras que en otras administraciones, incluido el Gobierno de España, tardan 4 ó 5 años en presentar las cuentas.Asimismo, según las mismas fuentes, el Tribunal de Cuentas ha confirmado en todos sus informes que los números del PPCV certifican que cumplen de forma impecable la normativa vigente.Respecto a las contrataciones que están en cuestión en el procedimiento judicial, las relativas a Orange Market, no superan las ochenta operaciones, lo que representa un 0,04 por ciento del total de contratos realizados por la Generalitat en el periodo al que se refiere el informe de la Fiscalía. La Generalitat considera avalada su experiencia, ya que «nunca ha habido ni una sola irregularidad en los contratos del Consell con sus más de 3.000 proveedores y nunca ha habido ni una sola irregularidad en las gestiones de sus 100.000 funcionarios».La Sindicatura expone, además, que está a la cola de España en lo que a contratación directa se refiere, y esta circunstancia es especialmente relevante desde que gobierna el PP. Así, si en 1994, último año de gobierno del socialista Joan Lerma, la contratación directa ascendía al 37,47 por ciento de los acuerdos con proveedores, en 2008 esta cifra se redujo al 9,7 %.Por lo que respecta al resto de administraciones públicas, cabe señalar que la Generalitat de Catalunya, según el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2007, contrató de forma directa, también denominada por procedimiento negociado, el 13,05 de las adjudicaciones que realizó. El volumen de capital contratado de esta forma quintuplica al valenciano. La cifra llega a un abultado 25,70 por ciento en el caso de la Junta de Andalucía, según informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 2008, y se hace todavía mayor en el caso del Gobierno de España, que gestiona con procedimiento negociado el 28 por ciento de las adjudicaciones.Además, argumentan que no todas las comunidades autónomas tiene órganos de control propio de las cuentas públicas y las que sí lo tienen, tardan mucho más en remitir las cuentas a dicho órgano.Por otra parte, según un informe de auditores encargado por el PP, las conclusiones finales del informe elaborado por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria «no son sino hipótesis no demostradas, ya que las mismas se limitan a dar por ciertos hechos que en ningún momento se deducirían sin duda alguna del análisis realizado». Además, señala que «dado que el informe se basa exclusivamente en hojas de cálculo que no son contabilidad oficial, y que por lo tanto no están realizadas de manera rigurosa, habría que preguntarse cómo se demuestran las hipótesis que se plantean, dado que técnicamente no se pueden demostrar de la documentación examinada».Dicho informe de auditores de nuncia que «no consta acreditada ni la autenticidad de los apuntes contables B, ni la veracidad de dichos apuntes, ni la realidad de los flujos de dinero» y concluye que «en ningún momento se ha acudido a los libros oficiales de Orange Market (...) y para un informe de la importancia del mismo se debería haber recurrido a los Libros de Diario, Mayor o Balances de Sumas y Saldos, al menos en los referente a la contabilidad oficial.

Contratos claros Una Administración que maneja al año 16.000 millones es acusada de montar una trama política y financiera para adjudicar contratos que suponen sólo el 0,04% de lo que adjudica al año.- La Generalitat sólo adjudica un 9,7 por ciento de su contratación mediante el procedimiento negociado, sin concursos, frente a volúmenes muy superiores como el 28 por ciento del Gobierno central o el 25,7 de la Junta de Andalucía.