Gobierno contra las cuerdas

El debate sobre la convalidación del real decreto de reforma de la negociación colectiva demostró de nuevo la extrema debilidad del Gobierno socialista, que está a merced hasta el último minuto del voluble criterio de los nacionalistas. Una reforma fundamental como la de los convenios fue ayer objeto de una negociación agónica que colocó al PSOE al borde del colapso. El Ejecutivo logró pasar el trago del Congreso gracias, sobre todo, a que el PNV se abstuvo a cambio de que los convenios autonómicos prevalezcan sobre los estatales si hay concurrencia. El resultado del mercadeo no es baladí, pues el Gobierno abrió un poco más la puerta de la desvertebración en las relaciones laborales al introducir un nuevo factor territorial al ya de por sí complejo marco de la negociación colectiva. La satisfacción de los diputados nacionalistas fue indisimulable, e incluso Josu Ercoreca se jactó de que nunca una abstención le había reportado tantos beneficios. Eso no le impidió reconocer que la reforma no favorecerá la creación de empleo ni posibilitará una mejora de la competitividad, lo que pone de manifiesto la discutible responsabilidad de unos diputados que se manejan únicamente en función de sus intereses particulares. Cabía esperar de un partido conservador como el PNV que la contrapartida a su abstención hubiera sido una mejora sustancial del decreto que beneficiara a la empresa, pero se ha quedado en su habitual reivindicación de campanario. Una lástima, porque la reforma clave para dinamizar el mercado laboral y la contratación nació moribunda. No fue respaldada por grupo alguno de la oposición ni tampoco por los agentes sociales tras una negociación de varios meses, frustrante y estéril a causa de la cerrazón de los sindicatos. El ministro de Trabajo definió su proyecto como «ambicioso, profundo, con vocación de estabilidad, planteado desde la eficacia y desde el equilibrio». La decripción no tiene nada que ver con la realidad. En la línea del último varapalo del FMI, la reforma, como todas las anteriores del Gobierno, es insuficiente y está lejos de suponer la cirugía que el mercado laboral espera con ansiedad. El Ejecutivo podrá presentar el proyecto a Europa y cumplir formalmente con la hoja de ruta impuesta por Bruselas, pero será ineficaz. El decreto no da los pasos necesarios ni en «ultraactividad» ni en flexibilidad interna ni en el descuelgue de los convenios, porque se ha articulado desde las tesis de los sindicatos: no en vano el ministro Gómez está afiliado a UGT. Hay un desmedido protagonismo del arbitraje vinculante que conduce a situaciones de pseudobloqueo que, por ejemplo, favorecerán la vigencia del convenio expirado en caso de desencuentro entre empresa y sindicatos. Es evidente que el decreto está marcado por las urgencias del PSOE, pero no por las de la economía ni por las de los cinco millones de parados. Los emprendedores necesitan un marco para arriesgar y éste no lo garantiza porque no facilita una flexibilidad interna real. La rigidez del marco laboral retrae la contratación y mina la productividad. Asistimos, por tanto, a otra reforma incompleta de un Gobierno que camina hacia su final arrastrando los pies.