Reforma laboral y Constitución

Los dirigentes sindicales ampliaron ayer el frente de batalla contra la reforma laboral del Gobierno de Rajoy al introducir un nuevo motivo de rechazo: que algunos de los artículos del decreto ley son presuntamente inconstitucionales. Apreciación esta que cuenta con el respaldo del PSOE, lo que garantizaría un recurso ante el Tribunal Constitucional, pues los sindicatos no están legitimados para presentarlo. Sostienen Méndez y Toxo que haber limitado a dos años la vigencia de un convenio no renovado, la llamada ultraactividad, atenta contra los derechos constitucionales, lo mismo que rebajar de 45 a 33 días la indemnización por despido. También tendría tachas de ilegalidad el nuevo contrato para pymes, al establecer en un año el periodo de prueba, mientras que para el resto de los trabajadores es de menos tiempo. Aunque a simple vista no parece que los argumentos de los sindicalistas tengan mucho recorrido ni base jurídica suficiente, están en su derecho de promover un recurso para despejar el más mínimo asomo de duda legal. Siempre es preferible que las discrepancias las dirima el alto tribunal a que se incendie la calle con falsos pretextos. Descendiendo a los detalles, la eliminación de la ultraactividad no supone ninguna merma de los derechos laborales, pues se trata de un mecanismo que pervierte la esencia misma del convenio, que es el pacto. Basta con que una parte no quiera el acuerdo para que se eternice un convenio que se ha quedado obsoleto por la evolución de las condiciones laborales. Nada más alejado del espíritu constitucional que obstruir el consenso encastillándose en el autismo. En cuanto a la reducción de la indemnización por despido a 33 días, conviene recordar que no tiene carácter retroactivo y, por tanto, no vulnera los derechos adquiridos. Estimar que la ley tampoco puede surtir efecto desde que entra en vigor sería tanto como condenar todas las reformas legislativas a la ineficacia, empezando por las de contenido fiscal. Finalmente, la supuesta discriminación que supone el periodo de prueba según el tamaño de la empresa resulta inverosímil en una legislación laboral que tiene más de veinte tipos de contrato y establece notables diferencias entre los trabajadores según sea su acceso laboral. En todo caso, no debería echarse en saco roto la propuesta de la ministra Báñez de mantener negociaciones de carácter técnico con los agentes sociales para perfeccionar la reforma y, si es caso, clarificar aquellos puntos que pudieran suscitar dudas razonables. Si a la tarea quisiera sumarse el PSOE, miel sobre hojuelas. Pero no parece que el principal partido de la oposición, a tenor de la descalificación general que hicieron ayer sus dirigentes, esté por entablar un debate constructivo. Al menos debería moverles a la reflexión el apoyo que la reforma ha recibido de Bruselas y de nuestros principales socios.