La solución del Valle de los Caídos

Era un quinceañero la primera vez que fui al Valle de los Caídos y volví en 2006, camino ya de ser un cincuentón. Después, en días laborables, he ido un par de veces a la misa de once de la mañana. Cada día toda la comunidad de benedictinos la celebra solemnemente, con una escolanía que canta de maravilla. Una de esas veces no estaríamos más de diez personas y la otra menos. Sin embargo el número de asistentes es secundario. La lógica de los monjes es cumplir con la razón de ser del Valle de los Caídos; dicho en términos jurídicos, cumplir con su fin fundacional que justifica que haya allí una abadía benedictina. Así desde hace más de cincuenta años.
¿Cuál es ese fin? Según un Decreto Ley de 1957 y con una terminología peculiar, la Fundación del Valle de los Caídos tiene como fin fundacional «rogar por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, pedir a Dios por España así como estudiar y difundir la paz entre los hombres con arreglo a la justicia social cristiana». Esa finalidad primera de oración explica la construcción de un templo, de ahí que el Estado concertase con la Santa Sede que ésta erigiese un monasterio con título de abadía, lo que hizo: la Abadía Benedictina de la «Santa Cruz del Valle de los Caídos».
Va de suyo que el Valle de los Caídos nace en un contexto histórico y político muy marcado –la España de la posguerra– y es un ejemplo del nacionalcatolicismo propio del franquismo. Pese a ser una obra tan significativa, sorprende que el régimen que la alumbró no le procurase un sustento jurídico adecuado, el cual era más bien endeble y ahora es ya confuso e incierto. Depende del Patrimonio Nacional, pero nunca ha figurado entre sus bienes; su Patronato lo ejercía el Jefe del Estado y se integraba en el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Con la Ley del Patrimonio de 1982, el Patronato de la Fundación lo ejerce ya el Consejo de Administración del Patrimonio, pero siguen sin integrarse en el Patrimonio Nacional ni los bienes ni el Patronato.
Desde la muerte de Franco ha sido lugar de referencia del franquismo. Pero tanto para seguidores como detractores. El mantenimiento de las tumbas de Franco y José Antonio ha enturbiado la razón de ser del Valle de los Caídos. Según mis noticias, nunca fue deseo de Franco que se le enterrase allí; en el caso de José Antonio, menos aún, a la vista de la fecha de su muerte. Ahora no creo que los familiares de uno y los que queden del otro pusiesen muchos inconvenientes para trasladar los restos. Quizás así los benedictinos podrían cumplir más a las claras con ese fin fundacional del que nunca se han separado, lo que les lleva a rezar por todos los muertos de la Guerra Civil, como lo prueba que entre los allí enterrados –son más de 33.700– haya más republicanos que nacionales.
Pero el Valle de los Caídos tiene los ingredientes ideales para azuzar lo peor de nuestra convivencia, eso que hace que un lugar de oración se contamine con lo ideológico, lo político y lo visceral. Se me dirá que es por causa de su origen, no lo niego, pero deberíamos estar en condiciones de superarlo si es que hay voluntad, y me temo que no la hay. En el acoso al que se somete a los monjes y en que se quiera cerrar el Valle por la fuerza de los hechos, se concitan dos elementos explosivos: revanchismo guerracivilista y un laicismo que odia todo símbolo religioso. Así se explica una obsesión que no se da con otros monasterios y conventos respecto de los que el Estado, a través de Patrimonio Nacional, ejerce sin problema conocido derechos de patronato, gobierno y administración.
La ley de la memoria histórica prevé que el Valle se rija por las normas de los lugares de culto y cementerios públicos y que no se celebren actos políticos, de exaltación de la Guerra Civil, de sus protagonistas ni del franquismo. Esta ley es compatible con el fin fundacional, pero deduzco que no hay voluntad de cumplirla, como deduzco que los que van a honrar a Franco o no son conscientes de ser los peores enemigos del Valle, un pretexto para su cierre, o quizás es que el fin fundacional les trae sin cuidado.
Si el objetivo es cerrar el Valle, que se haga, pero no por vía de hecho, asfixiando a la Abadía. Que se de la cara asumiendo el coste. Bastaría con disolver la Fundación y desafectar sus bienes, entonces la Abadía perdería su objeto, pues si existe es porque el Estado, promotor y dueño del Valle, lo interesó del Vaticano. De mantenerse, se plantearía si la otra parte del fin fundacional –estudiar y difundir la paz según la justicia social cristiana– puede asumirlo un Estado aconfesional. Pero de esto y de actualizar el régimen jurídico del Valle es de lo que debería ocuparse una Comisión pendiente desde 1982 de constituirse. Luego solución hay, otra cosa es que se quiera.