Mudos ante el fiscal

Acompañados por sus abogados, todos ellos optaron por seguir la estrategia del silencio, acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar. Ello hace indicar que los seis que están citados hoy por el mismo motivo y los ocho que deben comparecer el lunes mantendrán también esa misma postura. Estos 26 controladores formaban parte del grupo que se reunió en un hotel próximo a Barajas la noche del viernes y que fueron identificados por la Policía. La Fiscalía, como adelantó ayer este periódico, no solicito la adopción de ninguna medida cautelar.

Al margen de ello, lo cierto es que el Ministerio Público está decidido a actuar sin contemplaciones en este asunto. Por ello, tal y como informó este periódico el pasado sábado, prevé acusar de un delito de sedición vinculado al tráfico aéreo. En concreto, el tipificado como tal en los artículos 20 y 21 de la Ley Penal de Navegación Aérea. En ese precepto se contempla penas de tres a ocho años de prisión a quienes se consideren autores del citado delito, fijándose la máxima para los considerados responsables, y «al jefe de la sedición», en todo caso.

Este extremo fue confirmado ayer por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en Zaragoza. La Fiscalía, afirmó al respecto, «va a trabajar en el objetivo común de identificar a los dirigentes del hecho porque la responsabilidad penal se agrava en aquellos que lo han organizado con respecto a los que han hecho seguidismo». Aunque, eso sí, «no se dejará fuera a nadie», ya que se trató de un abandono del puesto de trabajo «premeditado», «concertado» y «colectivo».

Los fiscales superiores informaron también del número de procedimientos abiertos a raíz de la «huelga salvaje» de los controladores, dándose la circunstancia de que no se ha incoado ninguno después de que hubiese decretado el Estado de Alarma. «A día de hoy no hay ninguna infracción por parte de los controladores desde entonces, por lo que los procedimientos se seguirán ante la Jurisdicción ordinaria», descartándose la militar, indicaron a LA RAZÓN fuentes próximas a la fiscalía general del Estado.

Estas mismas fuentes también señalaron que la Fiscalía considera que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para conocer de estos hechos. De esta forma, el informe que presente ante la denuncia interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios en la Audiencia Nacional, defenderá que se inadmita por falta de competencia.

Libertad sindical
Por otro lado, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), presentó ayer ante el Tribunal Supremo sendos recursos contra los decretos que «militarizaban» el control aéreo y el que decretaba el Estado de Alarma.