Las residencias concertadas al límite

BARCELONA- Los días pasan y la situación de las residencias y geriátricos concertados de Cataluña no mejora, sino más bien todo lo contrario. La Generalitat aún les debe el pago del mes de julio, y estos centros están al límite. La conselleria de Bienestar Social declinó esta semana cuantificar la cantidad exacta de la deuda, pero el impago podría ascender a una cifra que oscila entre los 30 y 70 millones de euros, según el sector.

El presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), Andrés Rueda, explicó a LA RAZÓN que «estamos pendientes y todo sigue igual, aunque hay inquietud en los centros». Una especie de fecha límite era el jueves, jornada de paro en las farmacias por culpa también de las deudas de la Generalitat. El Govern pagó a las boticas, pero no a las residencias.

Sin reunión
«Estamos a pie de trinchera, aunque no tenemos ninguna intención de reunirnos con la conselleria», señaló Rueda, antes de añadir que «ellos ya saben lo que tienen que hacer, pero no podemos estar siempre con la espada de Damocles encima de nuestras cabezas».
Los problemas más graves que afrontan estas residencias son el mantenimiento de los clientes y las nóminas de los trabajadores y los pagos a los proveedores. Han llegado a pedir incluso a los familiares de los residentes que avancen el dinero, y el asunto está en manos de la Fiscalía desde finales de julio.

Rueda aseguró que «lo que queremos saber con claridad es si vamos a cobrar o no, porque se está retrasando el pago a los trabajadores y a los proveedores, es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande». En una de las últimas comparecencias públicas, el conseller Josep Lluís Cleries no dio ninguna pista sobre una posible fecha para saldar esta deuda.

«Nuestra paciencia es limitada, y la verdad es que el sector está nervioso, sensible y cansado», lamentó Rueda. «Para nosotros, sería inimaginable estar cuatro meses sin cobrar, porque estamos viviendo en el día a día, a través de créditos», añadió. Otro problema que se encuentran es que, por culpa de la grave crisis económica, los bancos son bastante reacios a facilitar estos créditos deseados.

La denuncia está en manos de la Fiscalía. Los asilos justificaron la queja por el «riesgo vital» de los ancianos, y advirtieron que el impago de la Generalitat conlleva «verdadera alarma social». Reclamaron al Ministerio Público que actúe «en defensa de los residentes desamparados».

Las residencias también se quejaron de que, pese al impago, no han cesado als inspecciones de la Generalitat, aunque entendieron que la conselleria «no puede dejar de hacer sus funciones». No obstante, estos centros desean unas inspecciones «con talante más constructivo que punitivo, no queremos que sean quisquillosos, la clave es el método de estas acciones» . Ahora falta por ver si la conselleria moverá ficha en los próximos días.