Ministros huelguistas

Los sindicatos de la enseñanza prestaron ayer un flaco favor a los estudiantes, sus familias y al propio sistema escolar. Más allá de la guerra de cifras sobre el seguimiento de los paros en los institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, lo relevante de la jornada de ayer es la instrumentalización política de la escuela pública por parte de la izquierda. No existía razón académica para promover un conflicto en un sector estratégico en estos momentos. La decisión de la Consejería de Educación de ampliar en dos –hasta 20– el número de horas lectivas, dentro del rango establecido por la Ley, y de reducir por consiguiente el número de interinos, no suponía recorte presupuestario alguno en la partida destinada a Educación, pues los fondos ahorrados se destinarán a centros bilingües o a becas. Por tanto, estamos ante una huelga política para desgastar a una administración del PP a dos meses de unas decisivas elecciones generales. El carácter de la movilización se encargó de remarcarlo no sólo el activismo del candidato socialista a la Presidencia, sino, lo que es todavía más grave, el de los ministros. Fue especialmente significativo que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, aprovechara ayer el acto de apertura del curso académico para alinearse con los paros y asegurar ante Esperanza Aguirre y la Reina Doña Sofía que no se debe «debilitar» la educación pública, reproche que adquiere tintes partidistas cuando hay una huelga en marcha. En esa misma línea, Elena Salgado y José Blanco prestaron argumentos a los sindicalistas al criticar los supuestos recortes mientras la Comunidad de Madrid rechaza el Impuesto de Patrimonio. Que un Gobierno aliente una movilización contra otra administración conlleva no sólo alterar las reglas del juego democrático, sino también trasladar a la sociedad el orden de sus prioridades. A estas alturas el Ejecutivo está más interesado en desestabilizar a los gobiernos populares que en combatir el fracaso escolar. La consigna de los huelguistas de evitar la destrucción de la escuela pública es pura demagogia. Si su preocupación fuera real, se habrían movilizado también contra la Junta de Andalucía del socialista Griñán, que ha impuesto una jornada lectiva de 21 horas «si la distribución horaria del instituto lo exige». Si alguien no ha respetado ni ha cuidado esta enseñanza ha sido la izquierda, con leyes que han generado un empobrecimiento paulatino en formación y una desnaturalización del sistema, incluidos los recortes en los sueldos de los docentes. Frente a ello, es conveniente recordar hoy que la Comunidad de Madrid se encuentra al nivel de los mejores en el último informe PISA. No hay duda de que cualquier sacrificio es doloroso y que es de justicia reconocer el trabajo de esa mayoría de profesores comprometida con un servicio público esencial. Pero todos estamos obligados a realizar un esfuerzo y arrimar el hombro en este escenario de crisis, más todavía aquellos que tienen mayor seguridad en el trabajo, a los que, al fin y al cabo, sólo se les pide que acerquen su contribución a la que realizan desde hace años sus compañeros de la escuela concertada, que imparten 25 horas lectivas.