La RAE catalana que financia el Estado llama a la autodeterminación

 El IEC denuncia «la involución política del Estado autonómico español» que, en su opinión, afecta «al respeto de la pluralidad lingüística y cultural, así como al sistema de financiación o a las inversiones estatales». También subraya el riesgo de «una homogeneización lingüística y cultural completamente contraria a los principios de diversidad cultural».

El IEC es una corporación académica que cumple con el catalán funciones parecidas a las de la RAE con el castellano, aunque también tiene por objetivo la investigación científica de otras ramas de la cultura catalana como la filosofía, la historia y la arqueología. Su presupuesto anual se sitúa en torno a los 10 millones de euros, de los cuales, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, aporta un 10 por ciento.

En el ejercicio de 2010, los ingresos del Institut d'Estudis Catalans ascendieron a 9,8 millones de euros y 1 millón correspondió a transferencias de la administración del Estado. El gran patrocinador del IEC es la Generalitat, que firma con la institución contratos-programas por períodos de cuatro años. El pasado año, la aportación del gobierno catalán fue de 6,4 millones de euros, lo que representa un 65 por ciento de los recursos de la institución. El resto de su presupuesto se completa con ingresos propios y con aportaciones de otras administraciones.

Argumentos para separatistas
El presidente del IEC, Salvador Giner, quiso puntualizar que la declaración sobre «los derechos del pueblo catalán» no se posiciona a favor de la independencia de Cataluña, sino que da argumentos «racionales, jurídicos, académicos y de moral colectiva» para los que son partidarios del Estado catalán. Según Giner, el principal objetivo de este documento es lanzar «un llamamiento político, que no partidista» para recordar a los catalanes que tienen el derecho a participar en los asuntos públicos si consideran que elementos como la enseñanza en lengua catalana está en peligro debido a las ofensivas por parte de España.

«La comunidad de lengua y cultura catalana constituye, con toda evidencia, una nación que merece un reconocimiento igualitario en el marco de los estados respectivos en que se inscribe», dice la declaración, que también advierte de las inercias homogeneizadoras de España poner «en peligro nuestro futuro colectivo y el esfuerzo de cohesión de toda nuestra sociedad, y muy especialmente del sistema educativo». Esta es la respuesta del IEC a las sentencias del Tribunal Supremo que abogan por equiparar el castellano al catalán como lengua vehicular de la enseñanza.