El Gobierno renuncia a imponer una regla de gasto a las autonomías

Es decir, si consigue ese consenso será en la próxima legislatura y con otro gobierno cuando se apruebe esta limitación del gasto autonómico. Previamente, los Parlamentos regionales deberán aprobar un compromiso con la austeridad y la fijación de un techo de gasto.

En este escenario, nada halagüeño para las pretensiones de Elena Salgado, sólo el Estado y los ayuntamientos por decreto ley estarán obligados a un techo de gasto, que se calculará teniendo en cuenta la evolución del PIB de los cinco años anteriores, del ejercicio en curso y de los tres siguientes años. A esa media se le sumará el comportamiento de la inflación.

Ante el rechazo este martes en la reunión preparatoria del Consejo de esta fórmula, Salgado propuso ayer por la mañana que en los cinco años anteriores en lugar del PIB nacional se tuviera en cuenta el PIB regional y en el año en curso y en lo siguientes tres el PIB nacional. El resultado de esa operación se debía dividir por un coeficiente inferior al 2%, que corresponde a la previsión de inflación. Esta regla fue también rechazada por las autonomías del PP por "responsabilidad política". Ante esta oposición frontal, las autonomías votaron, incluidas las del PP, a favor de fijar un techo de gasto, sin definir la fórmula.

En la elaboración del techo de gasto, que deberán aprobar los Parlamentos regionales, se tendrá en cuenta la evolución del PIB de años anteriores y el comportamiento estimado de la economía nacional de ejercicios futuros, previsiones que figuran en los Planes de Estabilidad que presenta España a Bruselas cada año. Además, esta regla deberá calcularse también en función de la evolución prevista de la inflación inferior al 2%.
 

Financiación del ICO
Eso sí, el Consejo de Política Fiscal y Financiera dio su plácet, con la abstención de las autonomías del PP, a que el ICO financie a partir del 2012 con una amortización de tres años la mitad de los 19.000 millones que deben las autonomías al Estado por la liquidación de 2009 y 2008. Los ejecutivos regionales deberán destinar este préstamo a pagar a proveedores.

Antes de los comicios generales, el CPFF aprobó los objetivos de déficit regionales para el período 2012-2014. El desfase permitido en el primer año de este plazo se elevará al 1,3% del PIB, porcentaje que se recortará en dos décimas al siguiente ejercicio para situarse en el 1% del PIB en 2014. El Consejo dejó a un lado los déficit que puedan registrar las regiones en este año, según puntualizó el consejero de Economía catalán.

Además, durante el encuentro, el Gobierno enmendó la plana al candidato socialista a La Moncloa sobre la posibilidad de que se inyecten fondos adicionales para sanidad en 2012. Salgado tuvo que rectificar a Alfredo Pérez Rubalcaba y negó que el Estado vaya a poner a disposición de los gobiernos regionales 8.000 millones de euros más para sanidad. Eso sí, las comunidades demandaron a la vicepresidenta nuevos fondos para desarrollar la políticas de dependencias.

El CPFF alcanzó también un acuerdo sobre la distribución de la recaudación del nuevo impuesto sobre actividades del juego, según lo previsto en la disposición transitoria sexta de la Ley de Regulación del Juego, aprobada el pasado 27 de mayo. Los ingresos derivados de este impuesto se destinarán íntegramente a las comunidades, mientras el tributo no se incorpore como impuesto cedido a las leyes reguladoras del sistema de financiación.